El texto recibe el apoyo de todos los grupos, aunque deja las unidades de control y seguridad fuera de territorio españolmadrid. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer definitivamente el proyecto de Ley del Juego, tras ratificar las enmiendas introducidas en el Senado. Finalmente, el proyecto fue apoyado por todos los grupos parlamentarios, a pesar de que cuenta con carencias tan importantes como que las unidades de control para que la Administración compruebe que no existe blanqueo de capitales, no se hacen trampas o que se impide el acceso a menores y personas que tienen prohibida la participación en los juegos y apuestas, se mantendrá fuera de España, incluso en paraísos fiscales y deberá conformarse con consultar una réplica, que sí estará en España. La propia norma determina que el objeto de la Ley es la regulación de la actividad de juego, en sus distintas modalidades, que se desarrolle en el ámbito del Estado con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos. El diputado del PP, Antonio Gallego, reiteró sus acusaciones al Gobierno por haber aprobado por la vía de urgencia la ley para lograr la venta del 30 por ciento de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y comenzar a recaudar el impuesto y la tasa que se han incluido en la norma, con el fin de cumplir las exigencias de Bruselas de reducir el "elevadísimo déficit publico" antes de concluya el ejercicio 2011. Entre el centenar de enmiendas introducidas en la tramitación, destaca la que obliga a los operadores de juego online a regularizar su situación tributaria con Hacienda durante los cinco últimos años para obtener una licencia con la que poder ofrecer sus servicios en España. Se trata de una importante novedad incluida en el Senado, que aunque presentada por el Grupo Popular, fue apoyada por todos los grupos, incluido el socialista. También, aunque la Ley entrará en vigor tras su publicación en el BOE, las nuevas sanciones no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2012 o, en su caso, después de que se haya publicado la primera resolución de concesión de una licencia. Los portavoces de los grupos parlamentarios, por su parte, se felicitaron porque de una vez se haya creado un marco legal en el que puedan actuar y tributar todos los operadores que sean autorizados. No obstante, Gallego anunció que el PP "va a prestar mucha atención al desarrollo reglamentario de esta ley, porque algunos asuntos han quedado aún sin resolver". Así, anunció que se cierra un capítulo y se abre otro para este sector.