La Comisión Europea amenaza con llevar a España ante el Tribunal de la UE por las restricciones al gran comerciobruselas. Si nadie se salta el guión preparado por los jefes de Gabinete de los comisarios europeos, la reunión semanal que hoy celebra el Ejecutivo comunitario debería dar una nueva vuelta de tuerca al pulso que Bruselas mantiene contra las restricciones que las grandes superficies de distribución encuentran para implantarse en España. Según han asegurado a elEconomista fuentes comunitarias, el Colegio de Comisarios (el equivalente bruselense a la reunión que todos los viernes celebran en Moncloa los ministros del Gobierno español) tiene previsto adoptar hoy la decisión de enviar un ultimátum al Estado español.Bruselas exigirá al Gobierno la eliminación de las zancadillas contra los hípermercados. De lo contrario, lo denunciará ante el Tribunal de Justicia de la UE por violar los pilares básicos del mercado único europeo: la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento de las empresas.Mientras la Comisión Europea defiende la liberalización del sector comercial, entre los Gobiernos de las Autonomías españolas no faltan quienes son más favorables de defender al pequeño comerciante tradicional de la competencia de las grandes cadenas de distribución. El primero en dar un paso al frente y desencadenar la batalla que colea desde 2001 fue la Generalitat de Catalunya. Por un lado, el Ejecutivo de Convergència i Unió impuso a las grandes superficies un impuesto específico para calmar el brío con el que salían al ruedo, como si de un toro de lidia se tratara. Por otro lado, CiU diseñó un Plan Territorial de Equipamientos Comerciales que limitaba la superficie disponible en cada municipio para la implantación de hipermercados. Y como la aplicación de este Plan Territorial y el desarrollo de los planes locales fueron suspendidos temporalmente, de facto se llegó a una moratoria en la concesión de nuevas licencias para abrir híper. La maniobra catalana la calcaron con más o menos fidelidad Asturias, Navarra y Aragón.La patronal del sector, Anged, denunció la situación en Bruselas en 2003. El anterior comisario de Mercado Interior, el liberal holandés Frits Bolkestein, abrió un expediente contra España en julio de 2004 por no desmantelar las trabas autonómicas y no garantizar en su territorio nacional la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento de empresas. Pese a los cambios introducidos después, Bruselas no quedó convencida y el expediente fue confirmado hace un año por el actual comisario de Mercado Interior, el liberal irlandés Charlie McCreevy. Que es quien hoy quiere empujar al Gobierno al filo de tener que defenderse ante los jueces comunitarios.