parís. Las sospechas de un delito masivo de información privilegiada en el seno de EADS y su filial Airbus, y la polémica sobre el papel del Estado francés, ensombrecen de nuevo el porvenir del grupo aeroespacial y de defensa europeo, cuando éste esperaba dejar atrás 16 meses de crisis con la entrega del primer ejemplar de su superjumbo A380 a la compañía Singapore Airlines, prevista el próximo 15 de octubre. Qué lejano parece aquel 18 de enero de 2005 cuando Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Tony Blair y José Luis Rodríguez Zapatero exaltaban en Toulouse la cooperación europea, maravillados ante el primer prototipo del A380. O unos meses más tarde, el 27 de abril, cuando el superavión aterrizó tras su primer vuelo de prueba, vitoreado por 50.000 personas.En el prodigioso A380, el mayor avión de pasajeros, está quizás no la causa pero sí el origen de la crisis de Airbus y EADS: crisis industrial con los retrasos en la producción del superjumbo, crisis bursátil con el desplome de las acciones de EADS y crisis en la cúpula con un baile de directivos. El último golpe encajado por el grupo europeo lo asestó la semana pasada un informe preliminar de la Autoridad de los Mercados Financieros francesa (AMF) sobre las ventas de títulos de EADS en los meses anteriores al 13 de junio de 2006, fecha en que Airbus anunció oficial y tardíamente los graves retrasos del programa A380. La cotización de EADS cayó más de un 26 por ciento en la sesión del día siguiente.Ventas masivasEn su informe, el gendarme de la Bolsa francesa señalaba el carácter "concomitante y masivo" de las ventas, realizadas entre otros por 21 accionistas y altos directivos de EADS y Airbus. Entre ellos destacaba Arnaud Lagardère, amigo del presidente Nicolas Sarkozy y presidente del grupo homónimo francés, un imperio que intenta concentrarse en los medios de comunicación; Manfred Bischoff, en representación del otro accionista privado, el grupo alemán Daimler, así como los dos co-presidentes ejecutivos de entonces, Noël Forgeard y Thomas Enders, éste último actualmente al frente de Airbus. Buena parte de las personas citadas en el documento ejercen todavía responsabilidades en EADS o en su filial. Accionistas y directivos se exponen no sólo a una multa de la AMF, que tiene previsto concluir sus investigaciones a principios de 2008, sino también a multas y hasta penas de prisión en la causa que instruye una juez francesa desde noviembre de 2006, tras una denuncia de los accionistas minoritarios. El escándalo podría desestabilizar a un grupo trastornado ya por tres años de luchas de poder entre franceses y alemanes, y entre franceses, y a la nueva cúpula directiva establecida a mediados de julio. Tan numeroso es el grupo de directivos en entredicho que parece poco probable una sanción general, que decapitaría a EADS, pero una sanción parcial bastaría para sembrar la desconfianza y reactivar las guerras intestinas.Pero mientras la AMF y la justicia francesa intentan determinar si los accionistas y altos ejecutivos vendieron sus títulos con conocimiento de causa, adelantándose a la disminución de su valor que iba a provocar el anuncio de las dificultades del A380, varias comisiones parlamentarias y una investigación del Ministerio de Economía se vuelcan desde la semana pasada en el examen de la actuación del Estado francés, que controla un 15 por ciento de EADS. Del informe de la autoridad bursátil, tal como se filtró la prensa, se puede deducir que el entonces ministro de Economía, Thierry Breton, conocía también los problemas de Airbus, al menos desde enero de 2006. La Agencia de Participaciones del Estado (APE) le recomendó entonces que se desprendiera de parte de su participación en EADS. El Estado no vendió, pero podría acusársele de un delito de información privilegiada al revés. La gran pregunta es por qué permitió que la Caja de Depósitos (CDC), una institución pública considerada su brazo armado en materia de inversiones financieras, comprara un 2,25 por ciento del 7,5 por ciento que Lagardère puso en venta. La CDC pagó 600 millones, pero sus títulos han perdido alrededor de un tercio de su valor.ContradiccionesEl entonces ministro de Economía, Thierry Breton, ha preferido que le acusen de incompetencia antes que de falta de honradez. En su comparecencia ante el Senado la semana pasada, Breton aseguró que no supo de los retrasos del A380 hasta la víspera de que se anunciaran oficialmente y que se enteró de la compra de la CDC a Lagardère por la prensa. Pero sus declaraciones aparecieron contradictorias, al afirmar al mismo tiempo que el Estado considera "estratégica" su participación en EADS. ¿Por qué entonces no estaba más informado de la marcha del grupo y no se interesó más por quién iba a adquirir la participación que Lagardère ponía en venta? Para la oposición de izquierda, a la que el ministro no convence, el asunto del delito de información privilegiada tiene visos de un "asunto de Estado". Esta semana podría esclarecerse algo, con la comparecencia ante las comisiones parlamentarias de los dirigentes de la CDC, que hasta ahora han asegurado que ni pidieron ni recibieron autorización del Gobierno para comprar los títulos de Lagardère. El jueves, la titular de Economía, Christine Lagarde, publicará el resultado de la investigación relámpago que ha ordenado hacer a la Inspección de Finanzas sobre el papel de su Ministerio. "Quiero saber la verdad sobre lo que ha ocurrido en lo que se refiere al Estado", declaraba ayer el presidente de la República. "Si la justicia confirma las informaciones, es grave y no puede quedar sin consecuencias". ¿Incluso si en el banquillo debe sentarse uno de sus amigos empresarios más influyentes?