Los gasolineros dan un paso más y la petrolera tendrá que llegar al Supremomadrid. Primero fue Repsol YPF y ahora Cepsa. Tal y como adelantaba elEconomista hace un par de semanas, la Audiencia Nacional sentenció que la petrolera que preside Antoni Brufau había fijado los precios de los carburantes en 2001, poniendo los cimientos para que sean las estaciones de servicio las que regulen los precios de sus combustibles. Es el turno ahora de la compañía presidida por Pérez de Bricio. La Audiencia ha desestimado también el recurso que había presentado Cepsa contra la sentencia del Tribunal de la Competencia (TDC) que les acusaba de fijar los precios de sus combustibles.La historia arrancó hace ya seis años, en 2001, cuando el TDC impuso una multa a Cepsa de 200 millones de las antiguas pesetas -1,2 millones de euros- como compensación por violar el artículo de la Ley de Defensa de la Competencia. Esta ley, en el primer apartado de su artículo 1, especifica que "se prohíbe la fijación, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio". Además, la sala de lo contencioso-administrativo considera que las estaciones de servicio son distribuidores, en lugar de actuar bajo un régimen de comisión de agencia.Pero además de esta multa, el TDC instaba a Cepsa a que, de entonces en adelante, se olvidase de decirle a los gasolineros cuánto tenían que cobrar a los conductores por repostar en sus establecimientos. Por su parte, Cepsa declaraba ayer que "el valor de la sentencia es puramente histórico". Eso sí, a pesar de esta valoración, la compañía piensa imponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. En su defensa, Cepsa mantiene que los contratos que se barajaron para dictar la sentencia ya han sido modificados y que "la situación contractual se ha modificado en los últimos años". Además, desde la petrolera quieren aclarar que el propio TDC decidió en el pasado mes de mayo que la resolución del año 2001 ya había sido ejecutada.Hasta ahora, Cepsa se había escudado en que algunos de los contratos citaban la condición de que sería la petrolera la que se encargaría de poner los precios. Además, sostenía que estos acuerdos habían sido revisados por la Comisión Europea y que habían irregularidades en el procedimiento.