El fiscal mantiene la responsabilidad civil contra Caja Madrid y La Caixamadrid. Los altos cargos de la CNMV y del Gobierno del PP que en 2001 tenían alguna responsabilidad en supervisar la agencia de valores Gescartera no se sentarán finalmente en el banquillo, como pedían casi la mitad de las acusaciones personadas en el caso. En la segunda sesión del juicio, que se celebra en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo de Madrid, el fiscal Vicente González Mota rechazó imputar a nuevas personas por el escándalo financiero, que afecta a más de 4.000 inversores con un agujero patrimonial de 50 millones de euros, según informa la agencia Efe.González Mota recordó que acusó a 14 personas, con Antonio Camacho a la cabeza, y que la juez instructora, Teresa Palacios, exculpó ya a otras 39 contra las que las acusaciones habían presentado cargos, entre las que figura la ex presidenta de la CNMV Pilar Valiente y el ex vicepresidente del organismo regulador Luis Ramallo, a quienes no se imputó porque ni siquiera se les tomó declaración. El fiscal también se opuso a la pretensión de las acusaciones, que buscan la responsabilidad civil del Estado, y, en concreto, rechazó la imputación para el ex secretario de Hacienda, Enrique Giménez Reyna, así como a los representantes de entidades financieras como el HSBC, Bankinter y Deutsche Bank, a pesar de que estuvieron imputados durante la instrucción. Pilar Valiente dimitió de su cargo al frente de la CNMV a raíz del caso Gescartera, entidad que precisamente fue intervenida mientras ella era presidenta del organismo supervisor. Enrique Giménez-Reyna, hermano de la presidenta de Gescartera, también tuvo que abandonar su cargo a raíz del escándalo de la agencia de valores, después de que un diario de su hermana dejara entrever que podría haber mediado a favor de la entidad ante la CNMV.Las acusaciones se rindenLa postura del fiscal terminó por convencer a las 40 acusaciones personadas en el caso, que se fueron sumando a la desestimación del Ministerio Fiscal de todas las cuestiones previas planteadas por los abogados de los 14 imputados. Uno a uno, los letrados de las acusaciones se adhirieron a la posición de la Fiscalía y desistieron de pedir la imputación de los cargos del Gobierno del PP.Respecto a otros cargos imputados de bancos y del Gobierno, a juicio del ministerio público, "no basta con tener relación con Gescartera" y, por ello, "no existe base que permita la apertura de juicio oral" contra ellos.Respecto a la responsabilidad civil subsidiaria de Caja Madrid, el fiscal aclaró que no se actúa contra la entidad por su solvencia o porque no se haya podido probar la responsabilidad civil del Estado, sino porque infringió la ley con sus contratos de subcustodia de valores, ya que no se notificó a los clientes de Gescartera que tenían cuentas en Caja Madrid Bolsa, informa Efe. El fiscal criticó que la representación de La Caixa, para la que el Ministerio Público pide responsabilidad civil subsidiaria, haya aducido que no tuvo acceso a documentos del sumario, al igual que los abogados defensores de dos antiguos empleados de la entidad financiera, imputados en el proceso. No más pruebasPor otro lado, tanto el fiscal como el Fondo de Garantía de Inversiones (Fogain), que ha abonado más de 26 millones a los clientes de Gescartera en indemnizaciones, se opusieron a las nuevas peticiones de prueba porque podrían producir dilaciones para la resolución del juicio, según argumentaron. Además, recordaron que, en el sumario de más de 50.000 folios, existen ya varios expedientes de la CNMV, reportes sobre movimientos económicos realizados por la Agencia Tributaria y datos suficientes para mantener que, desde 1993, un año después de la fundación de Gescartera, "no contaba con el personal y los medios para mantener esta actividad".Durante su intervención, el fiscal también señaló que los inmuebles relacionados con el principal acusado en el escándalo, Antonio Camacho, han sido embargados.