El supervisor afirma que no fue advertido de que Salgado iba a anunciar los nuevas reglas de capitalEl Ministerio quiso terminar con el caos de los días previos debido a la indefinición de OrdóñezEl supervisor afirma que no fue advertido de que Salgado iba a anunciar los nuevas reglas de capitalEl Ministerio quiso terminar con el caos de los días previos debido a la indefinición de OrdóñezEl supervisor afirma que no fue advertido de que Salgado iba a anunciar los nuevas reglas de capitalConsidera una insensatez que las entidades tengan que malvender participadas y acciones F. Tadeo / L. Miyar madrid. El anuncio de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, sobre los planes de recapitalización de las cajas no sólo ha causado un profundo malestar en el sector sino también en el Banco de España, según distintas fuentes financieras. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha manifestado en círculos privados su disconformidad con el anuncio efectuado por la ministra el lunes pasado, del que asegura no haber sido informado previamente. Los reproches del organismo regulador no sólo se limitan a la actitud desconsiderada del ministerio, sino a cuestiones de fondo que repercuten negativamente en todo el sector financiero español. En ese sentido, considera, como poco, irreflexivo, no haber calibrado los efectos que provoca la improvisación de Salgado, que adelantó cambios legales de calado sin sin fijar fecha para su aprobación, sin concretar el castigo adicional a las cajas y sin consenso. Otras fuentes, sin embargo, consideran que la actitud del gobernador, de desmarcarse de Economía, se debe al aluvión de críticas recibidas desde el sector en los últimos días, con el objetivo de eludir su parte de responsabilidad en su elaboración. Desde otros ámbitos sostienen que la ministra salió al ruedo el lunes con el objetivo de paralizar las especulaciones creadas durante todo el fin de semana ante la indefinición del gobernador sobre los planes para sanear las entidades. Inseguridad jurídica El Banco de España, aseguran las fuentes, está preocupado por el deterioro que puede ocasionar esta inseguridad jurídica, sin que ninguna entidad pueda ajustar sus objetivos al nuevo escenario hasta conocer todos los detalles y estando expuestas a una mayor incertidumbre en los mercados. Salgado, acompañada del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, informó el pasado lunes de que el Gobierno iba a elevar los requerimientos mínimos de solvencia del sector financiero hasta el 8 por ciento, porcentaje que se incrementaría para las entidades no cotizadas, lo que incluye todas las cajas y SIP conformados hasta el momento. La titular de Economía no cifró cuál iba a ser este incremento y tres días después lo único que ha concretado es que para las cajas el ratio se situará "entre un 9 y un 10 por ciento". En su comparencia, la ministra tampoco fijó fecha para la aprobación de estos cambios, limitándose a decir que el Consejo de Ministros daría luz verde al plan "a mediados de febrero". La preocupación del gobernador, aseguran distintas fuentes, se centra ahora en el efecto que acarreará que todas las cajas de ahorros se vean obligadas o bien a poner buena parte de sus participaciones a la venta o a buscar inversores privados para recapitalizarse antes de septiembre. Al deshacerse de sus paquetes accionariales, la incertidumbre se traslada también a las empresas en las que participan, ya que una puesta significativa de papel en el mercado disminuye su cotización. Y poner a la venta compañías que no están presentes en bolsa provoca una caída de su valor, por la concurrencia de ofertas y la premura de tiempo. Con la búsqueda de inversores privados se produce un atasco similar. Si las cajas, para no verse penalizadas, acuden al mercado para obtener capital, se verán obligadas a ofrecer un fuerte descuento sobre su valoración. El problema no es de la misma gravedad para todas las entidades. Aquellas que no superen los 100.000 millones en activos, tendrán más dificultades para completar este objetivo, según aseguran los analistas consultados. Además, la CNMV exige que el 25 por ciento de la oferta de colocación se dirija a inversores institucionales, lo que complica aún más la captación de dinero. Dinero público El diseño del plan gubernamental y todos los inconvenientes que supone provocará, según los analistas financieros y la Comisión Europea, que gran parte de los fondos necesarios para que las entidades alcancen las nuevas exigencias de capital tendrán que venir de las arcas públicas a través del Frob. El malestar del Banco de España también aumenta por este gasto público, ya que desde el inicio de la crisis Fernández Ordóñez ha defendido que el saneamiento del sector se llevara a cabo con el menor coste para el Estado.s Más información relacionada con este tema en www.eleconomista.es F. Tadeo / L. Miyar madrid. El anuncio de la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, sobre los planes de recapitalización de las cajas no sólo ha causado un profundo malestar en el sector sino también en el Banco de España, según distintas fuentes financieras. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha manifestado en círculos privados su disconformidad con el anuncio efectuado por la ministra el lunes pasado, del que asegura no haber sido informado previamente. Los reproches del organismo regulador no sólo se limitan a la actitud desconsiderada del ministerio, sino a cuestiones de fondo que repercuten negativamente en todo el sector financiero español. En ese sentido, considera, como poco, irreflexivo, no haber calibrado los efectos que provoca la improvisación de Salgado, que adelantó cambios legales de calado sin sin fijar fecha para su aprobación, sin concretar el castigo adicional a las cajas y sin consenso. Otras fuentes, sin embargo, consideran que la actitud del gobernador, de desmarcarse de Economía, se debe al aluvión de críticas recibidas desde el sector en los últimos días, con el objetivo de eludir su parte de responsabilidad en su elaboración. Desde otros ámbitos sostienen que la ministra salió al ruedo el lunes con el objetivo de paralizar las especulaciones creadas durante todo el fin de semana ante la indefinición del gobernador sobre los planes para sanear las entidades. Inseguridad jurídica El Banco de España, aseguran las fuentes, está preocupado por el deterioro que puede ocasionar esta inseguridad jurídica, sin que ninguna entidad pueda ajustar sus objetivos al nuevo escenario hasta conocer todos los detalles y estando expuestas a una mayor incertidumbre en los mercados. Salgado, acompañada del secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, informó el pasado lunes de que el Gobierno iba a elevar los requerimientos mínimos de solvencia del sector financiero hasta el 8 por ciento, porcentaje que se incrementaría para las entidades no cotizadas, lo que incluye todas las cajas y SIP conformados hasta el momento. La titular de Economía no cifró cuál iba a ser este incremento y tres días después lo único que ha concretado es que para las cajas el ratio se situará "entre un 9 y un 10 por ciento". En su comparencia, la ministra tampoco fijó fecha para la aprobación de estos cambios, limitándose a decir que el Consejo de Ministros daría luz verde al plan "a mediados de febrero". La preocupación del gobernador, aseguran distintas fuentes, se centra ahora en el efecto que acarreará que todas las cajas de ahorros se vean obligadas o bien a poner buena parte de sus participaciones a la venta o a buscar inversores privados para recapitalizarse antes de septiembre. Al deshacerse de sus paquetes accionariales, la incertidumbre se traslada también a las empresas en las que participan, ya que una puesta significativa de papel en el mercado disminuye su cotización. Y poner a la venta compañías que no están presentes en bolsa provoca una caída de su valor, por la concurrencia de ofertas y la premura de tiempo. Con la búsqueda de inversores privados se produce un atasco similar. Si las cajas, para no verse penalizadas, acuden al mercado para obtener capital, se verán obligadas a ofrecer un fuerte descuento sobre su valoración. El problema no es de la misma gravedad para todas las entidades. Aquellas que no superen los 100.000 millones en activos, tendrán más dificultades para completar este objetivo, según aseguran los analistas consultados. Además, la CNMV exige que el 25 por ciento de la oferta de colocación se dirija a inversores institucionales, lo que complica aún más la captación de dinero. Dinero público El diseño del plan gubernamental y todos los inconvenientes que supone provocará, según los analistas financieros y la Comisión Europea, que gran parte de los fondos necesarios para que las entidades alcancen las nuevas exigencias de capital tendrán que venir de las arcas públicas a través del Frob. El malestar del Banco de España también aumenta por este gasto público, ya que desde el inicio de la crisis Fernández Ordóñez ha defendido que el saneamiento del sector se llevara a cabo con el menor coste para el Estado.s Más información relacionada con este tema en www.eleconomista.ess Más información relacionada con este tema en www.eleconomista.es