Piden que las casas de apuestas empiecen de cero como ellosmadrid. El borrador del Anteproyecto de Ley del juego online no deja de amasar críticas. Primero fueron las propias casas de apuestas, después los administradores de lotería y ahora son los casinos, bingos y salas de juego. El juego presencial, además de solicitar que se amplíe el plazo para presentar alegaciones y estudiar en profundidad todo el borrador (sólo han dado diez días de los cuales cuatro eran festivos), tiene muy claro, y así se lo han comunicado al Ejecutivo, que son necesarias medidas para "evitar que los operadores que han ofrecido sus servicios de forma irregular, sin autorización de ningún tipo, partan con ventaja". Es decir, que piden, al igual que ha sucedido en otros países europeos donde se ha regulado el juego online, que los operadores de este tipo de apuestas empiecen de cero y cancelen sus bases de datos y saldos de clientes, "para no partir con una situación de ventaja obtenida fuera de la regulación existente". Por tanto, quieren igualdad de condiciones. Por otro lado, acusan al Ejecutivo de presentar un borrador lleno de inconcreciones y manifiestamente incompleto. Además de la medida anteriormente citada, salas de juego, bingos y casinos aseguran que en el borrador presentado destaca "la ausencia de definición de algunos de los juegos que van a poder desarrollarse a través de las licencias que la regulación prevé". Hacen hincapié en este fallo porque al no figurar es "imposible determinar el impacto en el sector del juego de gestión privada, evaluar el tipo tributario aplicable en su caso y la adecuación fiscal sobre los mismos". Las tres asociaciones firmantes, la Asociación Española de Casinos de Juego (ACEJ), la Confederación Española de Organizaciones de Empresarios del Juego del Bingo (CEJ) y la Confederación Española de Empresarios del Juego (COFAR) se quejan por no haber sido consultados, a pesar de ser parte interesada, y recuerdan que ellos contribuyen con casi 3.000 millones de euros en impuestos directos a los ingresos fiscales de las comunidades autónomas y generan más de 50.000 empleos directos.