El documento que entregaron a Fomento les blinda ante cualquier liberalizaciónmadrid. En esta ocasión el Gobierno no ha tenido mucho sobre lo que pensar. El documento que recibía el pasado viernes, de manos del representante legal de Aena, tras la desbandada que protagonizaron los controladores y que cerró el espacio aéreo español, dejaba muy poco margen de actuación por las exigencias o, más bien, el chantaje al que era sometido. Primero desaparecieron de su puesto de trabajo y después presentaron un documento con exigencias que, según Fomento, eran absolutamente inasumibles. Lo primero que planteaban era cubrirse las espaldas y exigir el máximo poder ante una posible liberalización de las torres de control para dar entrada a empresas privadas. Así, pedían garantías de que no se tramitará ningún despido ni regulación de empleo sin llegar a un acuerdo previo con el Usca. Aena o cualquier entidad que la sustituya en el futuro, debía firmar que "no procederá a la imposición de despidos objetivos, traslados forzosos, o modificaciones de las condiciones de trabajo durante la vigencia del presente acuerdo". Y no sólo eso. Los controladores exigían que el servicio de dirección de la plataforma en todos los aeropuertos de Aena será competencia exclusiva suya. Es decir, que este servicio sólo podrá ser prestado por los controladores de tránsito aéreo "y no podrá ser externalizado, privatizado ni subrogado a otra empresa o colectivo de trabajadores". Según el Ministerio de Fomento, con ello pretendían reservarse toda la organización del trabajo, al margen de que pudiera entrar cualquier otra empresa en la gestión. Entre las medidas exigidas el pasado viernes por Usca figuran algunas, calificadas de "absurdas" por la dirección de Aena. Una de las más llamativas es que un controlador debería recibir el 80 por ciento del sueldo cuando no apruebe el examen de inglés obligatorio en un plazo de seis meses. Y no sólo conservaría gran parte de su remuneración sino que, además, también tendría asegurado su puesto de trabajo, aunque, en este caso, como técnico ATC. Además, piden que todos aquellos controladores que hayan hecho un examen de inglés antes del 5 de marzo y no lo hayan aprobado sean nombrados para el cargo de técnico. Otro de los puntos conflictivos son las horas anuales. Frente a las 1.670 horas exigidas actualmente, el colectivo de controladores solicita que el número anual nunca pueda superar las 1.420, con un máximo de 152 horas mensuales y cuatro días de descanso por cada seis de trabajo consecutivo. Con una retribución media de 300.000 euros al año, el colectivo cree que es necesario que cualquier controlador que exceda las 1.200 horas anuales reciba un incremento en su salario proporcional al aumento de jornada.