La Seguridad Social trata de mantener los derechos de los mutualistasmadrid / barcelona. Las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Mutua Universal, por un presunto delito de malversación de fondos públicos, se dirigen contra el director gerente de la entidad, Juan Aicart Manzanares, y "varios de sus más directos colaboradores", pero no contra la junta directiva "en su conjunto" ni contra su presidente, Juan Echevarría. Así lo precisó ayer el fiscal que lleva el caso, Emilio Sánchez Ulled, aunque admitió que los imputados en la causa "pueden aumentar o disminuir".Sánchez Ulled reconoció que existen "indicios" de una supuesta doble contabilidad de Mutua Universal, aunque señaló que "no podrá confirmarse su existencia o inexistencia hasta que no se examine detalladamente la documentación y soportes informáticos intervenidos". El fiscal insistió en que las investigaciones relacionadas con la querella se están llevando a cabo "de la forma menos lesiva posible" para el funcionamiento regular de la mutua y aclaró que "no van a entorpecer la prestación normal de sus servicios para los mutualistas", ya que la actividad de la Mutua como institución "no está en riesgo".Paralelamente, con un rotundo "no" respondió ayer el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ante la posibilidad de cifrar la magnitud del posible fraude de Mutua Universal. Granado repitió hasta en tres ocasiones que las medidas adoptadas el miércoles son "medidas cautelares sin carácter sancionador", cuyo objetivo es mantener un funcionamiento adecuado y ordenado para garantizar "los derechos de los trabajadores mutualizados, los derechos de las empresas mutualizadas, así como la estabilidad de los empleados de la mutua". Ahora, después de que la mutua comunique sus alegaciones, será el momento de "examinar y decidir si procede o no la aplicación de medidas cautelares", precisó Granado.