Bifasa le acusa de ocultar una denuncia de 78,39 millonesmadrid. Hace ocho años, Inmobiliaria Colonial acordó con la sociedad Bienes Familiares (Bifasa) la adquisición de un edificio en la madrileña calle Francisco Silvela, 42. Una polémica operación, ya que ambos grupos reclaman para sí la propiedad del inmueble y han llevado este enfrentamiento a los tribunales en forma de varias denuncias cruzadas.Ahora, su enfrentamiento ha saltado hasta el regulador de la bolsa. La CNMV ha recibido una denuncia de Bifasa contra Colonial, a quien acusa de haber cometido una infracción muy grave por "falta de reflejo contable de pasivos contingentes por importe de 78,39 millones de euros". Esta cifra es la cantidad que Bifasa demanda a Colonial en el enfrentamiento judicial que mantienen y que, actualmente, está en el Supremo. La Ley del Mercado de Valores contempla sanciones que pueden alcanzar hasta el cinco por ciento de los recursos propios y multa de hasta 300.000 euros en los delitos tipificados como muy graves. Y corresponde a la CNMV dilucidar cuándo una compañía ha cometido dicha infracción.La denuncia de Bifasa será analizada por los técnicos del supervisor bursátil y, en función de sus conclusiones, el supervisor abrirá, o no, un expediente sancionador contra Colonial. Para darse este caso, hace falta que la información ocultada tenga impacto en las cuentas de la empresa.En este caso, el importe que Befesa denuncia que se ha omitido asciende a 78,39 millones y, en 2006, Colonial ganó 89,31 millones. No obstante, un portavoz de la compañía catalana replica que "la denuncia está recogida en el capítulo de contingencias de la memoria" aunque reconoce que de manera muy superficial "porque es un caso menor y el auditor considera que está recogido es suficiente".La inmobilaria respondeColonial aseguró ayer que el edificio ubicado en el 42 de Francisco Silvela de Madrid que le reclama Bifasa es de su propiedad desde febrero de 1999, tal como han establecido distintos pronunciamientos judiciales. La compañía presidida por Portillo indicó que en este sentido ya se pronunció un laudo arbitral de 29 de febrero de 2000, confirmado por una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid.