Las empresas energéticas tendrán que pagar un canon sobre la producciónsantiago de compostela. La explotación de los recursos naturales de Galicia, en concreto del agua y el viento para generar electricidad, saldrá más caro a las empresas energéticas que operan en la comunidad. Desde la Xunta se preparan dos medidas que sin duda resultarán polémicas: la Consellería de Economía ultima un decreto que establecerá un canon sobre la producción hidroeléctrica, mientras el departamento de Innovación e Industria ha cerrado el borrador de la normativa eólica, que entre sus puntos incluye la cesión liberada de al menos un 10 por ciento del capital de cada nuevo parque de aerogeneradores al Gobierno gallego, que se convertiría en socio sin aportar un euro.Los promotores de esta estrategia "en clave de país" pretenden aprobar ambas leyes este mismo año. Así lo adelantó el presidente del Ejecutivo autonómico, quien pretende que "los beneficios de la energía repercutan en nuestro país de forma transparente".InfraestructurasEsta iniciativa no despierta ninguna simpatía entre la patronal gallega. Así, el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Fontenla, aseguró en una entrevista publicada en el periódico Nova+ que "la presencia de la Xunta en el capital de los parques eólicos es una medida confiscatoria". Contra ella, hay ya un recurso en marcha. Además, se mostró "totalmente en contra del canon que se aplicará sobre las presas. Desde las eléctricas, la fase de estudio sobre ambos documentos no impide que se hayan alzado voces que tildan ambas estrategias como un "impuesto revolucionario encubierto".Con la tasa sobre las presas, Economía, consellería en manos del PSOE, pretende paliar el impacto medioambiental y las posibilidades económicas que restan estas infraestructuras en las zonas donde operan. No en vano, las 24 grandes instalaciones en manos de Fenosa, Endesa e Iberdrola anegan zonas inmensas donde se podían haber asentado otras actividades, y sobre estas áreas repercutirán los ingresos. Se establecerá un tipo impositivo único sobre los metros cúbicos de agua utilizados en cada presa para generar electricidad, quedando exentos los embalses para el abastecimiento urbano o el riego agrícola. Varias estimaciones, no oficiales, apuntan que los ingresos podrían alcanzar los 10 millones de euros al año.En cuanto al decreto eólico, desde Industria, consellería afín a la formación nacionalista BNG, dentro de este Gobierno bipartito, justifica su fin alegando que la participación pública evitará la especulación en los parques, y provocará un importante retorno a la economía gallega. Esta nueva condición se aplicará en las instalaciones por venir, en concreto sobre unos 2.500 megavatios de potencia por instalar hasta 2012. Tirando por lo bajo, las arcas públicas podrían ingresar unos 15 millones al año, pero en cinco años, el BNG ambiciona alcanzar los 60 millones. Desde la Asociación Eólica de Galicia (EGA) se advierte de que en ningún momento la Consellería de Industria ha consultado a los promotores de los parques su opinión sobre el borrador del decreto que planifica el futuro aprovechamiento del viento. Y ésta es clara: la patronal ha constatado que existen problemas en ámbitos como la libre competencia.