Los informes del Ejecutivo de la UE colocan a España en el furgón de colabruselas. Pasada la orgía de intervencionismo público, llega el amanecer de resaca. Los representantes del Gobierno español multiplican estos días sus visitas a la Comisión Europea para paliar el desgaste sufrido durante un año de disputas con Bruselas, por zancadillear el desembarco de E.ON en Endesa. Habrá que esperar menos para conocer qué rumbo toma una de las cuestiones que Bruselas resolverá antes del verano: la relativa independencia de los reguladores de los mercado nacionales de la energía. La actual legislación europea para impulsar la liberalización del sector energético y su integración en un mercado único sólo exige que los reguladores sean independientes frente a los intereses empresariales: que la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) no se ponga firme ante, por ejemplo, el presidente de Endesa; Manuel Pizarro.Lo que no exige es que la CNE ni el resto de sus homólogas europeas sean independientes del poder político. Aunque hay países que no han esperado a que la UE se lo imponga para dar este paso hacia un mercado sin cortocircuitos.Según los informes del CEER (Consejo de Reguladores de la Energía Europeos, organización que agrupa a la CNE con sus homólogos) y del ERGEG (Grupo de Reguladores Europeos de Electricidad y Gas, organismo consultivo de la Comisión Europea), todos los reguladores de la UE están separados de sus respectivos ministerios. "Sin embargo, el ministerio competente mantiene algunos poderes para aprobar, rechazar o enmendar decisiones del regulador en los siguientes países: Austria, Francia, Alemania (las instrucciones deben ser explicadas y publicadas), Grecia, Italia, Malta, Noruega, Eslovenia y España", puntualizan estos informes dejando a España y su CNE en el pelotón de cola de la independencia.