La Comisión Europea investiga si es legal la rebaja del año 2005 a las grandes empresasbruselas. La liberal holandesa Neelie Kroes, comisaria europea de Competencia, abrió ayer una investigación contra España sobre "las tarifas eléctricas reguladas artificialmente bajas para la industria". Según los datos de Bruselas, provocaron un déficit de 3.800 millones de euros al sector eléctrico español ese año. Déficit financiado por un nuevo gravamen que deberán pagar todos los consumidores españoles en su factura de la luz durante los próximos catorce años.Bruselas sospecha que estas tarifas fueron una ayuda ilegal para las empresas grandes y medianas, que al ver reducida su factura pueden competir con ventaja con sus rivales de otros países de la UE que no han sido favorecidos en la misma medida por sus autoridades nacionales. La investigación no entra en las tarifas reguladas para las pequeñas empresas ni para las viviendas.La Comisión Europea también teme que estas tarifas sean una ayuda contraria a la libre competencia, por favorecer a los operadores tradicionales del sector eléctrico español: sólo a ellos se les permitió (y se les compensó por ello) ofrecer estas tarifas reguladas tan baratas. "Es posible que ello haya impedido que nuevos proveedores potenciales se introduzcan en el mercado eléctrico español, y que este sistema haya inducido a algunos nuevos competidores recientes a abandonar sus actividades en España, eliminando los beneficios que la competencia ofrece a los consumidores", asegura Bruselas.A esta investigación concreta por lo precios regulados a la baja, se une el expediente abierto el pasado abril por Bruselas contra España por las tarifas reguladas en general. Expediente que a mediados de diciembre desembocó en un ultimatum: España tiene dos meses para poner fin a su intervencionismo en las tarifas, o será denunciada por Bruselas ante el Tribunal de la UE.