La Comisión Interministerial cuenta ya con un informe del riesgo radiológico para las personas madrid. El Gobierno va a reiniciar la búsqueda de una ubicación para el futuro cementerio nuclear español. La Comisión Interministerial creada para este cometido tiene previsto volver a reunirse el próximo 15 de septiembre después de un parón que ha durado casi tres meses. El último encuentro se produjo el pasado 9 de octubre y en él se decidió prolongar los plazos que tenían previstos en un primer momento para comenzar a recibir solicitudes oficiales de los municipios interesados a finales de febrero. Aunque no está previsto que el proceso se adelante, la reunión se espera que sirva para avanzar en las cuestiones más técnicas.En este periodo de latencia, la Comisión -que preside el secretario general de Energía, Ignasi Nieto- ha recibido varios informes técnicos sobre la futura instalación de residuos nucleares.El documento más reciente y el más llamativo que ha recibido la Comisión esta fechado en diciembre y se titula "Eventuales riesgos e impactos para las personas y el medio ambiente asociados a este tipo de instalaciones (ATC)".En dicho documento, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, los expertos que lo elaboran reconocen que obviamente existe "un potencial riesgo específico radiológico" y por ello dicta en las conclusiones una serie de recomendaciones: que el diseño de detalle del ATC (cementerio nuclear) respete las dosis de radiación legales y que el Consejo de Seguridad Nuclear realice un programa de vigilancia radiológica en la zona.Según indica el informe, el Consejo de Seguridad Nuclear reclama también que en el diseño definitivo que presente Enresa se analicen las probabilidades de sucesos accidentales como un impacto de un avión, inundaciones externas, tornados, huracanes y riesgos de origen humano. Aunque los expertos consideran que el ATC no supone ningún peligro radiológico para la población, los expertos consideran que los análisis podrían mejorarse si previamente a la instalación se realiza un "estudio base" antes de que el cementerio nuclear entre en servicio, monitorizando la situación radiológica ambiental de la zona y la mortalidad como indicador de los efectos que fueran potencialmente asignables. El Consejo de Seguridad Nuclear y el Instituto Carlos III pretenden establecer un observatorio epidemiológico y consideran que la zona en la que se ubique el ATC debería integrarse en dicha investigación que ambas instituciones quieren que sean de carácter permanente, para mantener las bases de datos de dosis reales recibidas por la población y, con la colaboración del Instituto Carlos III los registros poblacionales de mortalidad. Otro de los informes que ya maneja la Comisión Interministerial se refiere a los "Criterios básicos de emplazamientos para la instalación ATC y Centro Tecnológico Asociado" (ver Las Claves).En el documento se citan algunos criterios a considerar para favorecer la instalación como que el emplazamiento no se encuentre cerca de zonas de interés estratégico en explotación y los transportes sean por vía terrestre (ferrocarril y carretera). La Comisión rechaza que el transporte se haga por vía áerea o marítima. En otro informe, se comienzan a detaller las labores de experimentación que se realizarán en el centro de investigación asociado, así como una listado de instituciones que quieren aportar proyectos de investigación.