Inicia la revisión del 47 por ciento de sus reservas pero no espera más recortesmadrid. Los precios del gas natural siguen siendo causa de conflicto para Repsol YPF en varios países a los que ahora se suma uno más. El pasado mes de noviembre, Trinidad y Tobago, a través de Atlantic LNG, notificó a la petrolera una demanda de arbitraje para la reapertura de los precios de los contratos de compraventa de gas natural licuado de los trenes dos y trs en vigor entre esta y la petrolera hispano-argentina.Tal y como indica la compañía en el informe de auditoría del año pasado, presentado ayer ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por el momento no han sido nombrados los árbitros, ni se ha acordado el llamado "statement of disputes", es decir, el contenido exacto del conflicto entre ambas. Por este motivo, la petrolera asegura que no tiene datos suficientes para valorar el impacto que pueda tener este arbitraje en sus resultados, ni el riesgo existente.Repsol aseguró también que se ha puesto en marcha el cuarto tren de licuefacción en Trinidad y Tobago, que previsiblemente alcanzará su plena capacidad de operación en el segundo trimestre de este año.La producción neta de Repsol, según los cálculos de la compañía, está previsto que pase de los 211 a los 277 kbep/d entre 2004 y 2009.A los tribunalesEl presidente de la petrolera, Antoni Brufau, aseguró ayer en la presentación de los resultados trimestrales que confía en llegar a "un buen acuerdo" con las autoridades de Bolivia, tras la nacionalización de los hidrocarburos. No obstante, el máximo responsable de la compañía añadió que si esto no fuera posible "acudirá a los tribunales internacionales", ya que considera que su principal misión es la de defender los intereses de sus accionistas.Brufau se mostró optimista y estimó posible llegar a un consenso durante el periodo de negociación de 180 días, aunque en la práctica es su primera advertencia real al Gobierno boliviano.En este sentido, la compañía indicó que hasta que no expire este plazo y se comience a operar acorde a la nueva ley "será muy difícil valorar el impacto definitivo de dicha medida".Repsol destacó que está a disposición de las autoridades bolivianas para cumplir con las obligaciones impuestas en el nuevo decreto y solicitó que se indique la forma en que se instrumentará esta norma, en una carta remitida por el director general de la zona, Enrique Locutura, al ministro de Hidrocarburos y al presidente de YPFB.No obstante, la compañía subrayó que Repsol y sus subsidiarias "se ven obligadas a reservar todos sus derechos y acciones respecto a las medidas del Gobierno", incluyendo los derechos y acciones bajo el acuerdo para la promoción y la protección recíproca de inversiones entre el Reino de España y la República de Bolivia.Contrato en Libia Libia ha dado ya la aprobación para la puesta en operación de los campos B y H en la cuenca de Murzuq. Ambos campos se espera que produzcan 12.000 y 40.000 barriles de crudo, respectivamente, lo que supone un nuevo impulso para uno de los principales países productores de la petrolera.En Canadá, Repsol espera alcanzar la decisión de inversión en un nueva planta de licuefacción en los próximos días, al igual que en Nigeria, donde ya han sellado un acuerdo de entendimiento junto con Gas Natural.En Brasil, el campo Albacora Leste, el mayor en el mar, ha iniciado su bombeo y se espera que alcance 145.000 barriles en su momento de mayor producción. La petrolera española tiene una participación del 10 por ciento en este pozo.Revisión de las reservasLa petrolera informa en su memoria de 2005 de la revisión de reservas que realizó en 2006. La compañía asegura que comenzará ahora a revisar el 47 por ciento restante de las reservas, en las que no espera que se produzcan nuevos recortes. Repsol YPF aseguró que por el momento no ha recibido ningún requerimiento, ni notificación por parte de la Securities of Exchange Comission (SEC) ni de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.La petrolera encargó un informe de auditoría a la consultora King & Spalding, que tiene que ser aprobado previsiblemente por el consejo de administración antes de la junta de accionistas que se celebrará previsiblemente el mes que viene.