El presidente defiende que un Estado de las autonomías "asimétrico" sería "letal" para la regiónEl presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, advirtió ayer de que sería "letal" un Estado de las autonomías "asimétrico", en referencia a las últimas decisiones económicas que está adoptando el Gobierno central. "El Estado de las autonomías se basa en algunos principios básicos, que no conviene olvidar, como el principio de solidaridad o el de igualdad y esto es incompatible con las asimetrías", precisó en el Foro Innovación y Sostenibilidad de la Industria Gallega, organizada por elEconomista, con el patrocinio de Naturgy. En su discurso, Feijóo indicó que las asimetrías "cada vez más insultantes e incomprensibles" son "el mayor atentado" contra el Estado de las autonomías de España. Así, reivindicó la colaboración institucional y el trabajo conjunto "para afrontar y solucionar retos y problemas comunes". Entre los ejemplos de una situación de "pesimismo sobre la lealtad, la colaboración institucional y el cumplimiento de las obligaciones" citó "la incomprensible" decisión del Gobierno central de apropiarse de 2.500 millones de euros de la recaudación del IVA, que ha decidido no transferir a las Comunidades Autónomas. En el caso de Galicia, supone 200 millones de euros, o lo que es lo mismo, el presupuesto anual de 150 ayuntamiento. "Lamento la situación, pero no podemos callar ante un atropello institucional de esta naturaleza", indicó Feijóo. El presidente culpó al Ejecutivo central de estar creando "un debate falso sobre financiación autonómica", cuando lo que están es tratando de decidir un régimen fiscal especial para una comunidad autónoma: Cataluña. Feijóo apuntó que lo que "está detrás" es un incumplimiento "gravísimo" del sistema de financiación actual y deslizó la posibilidad de llegar a los tribunales.Solvente y cumplidoraFrente a los problemas con el Go-bierno central, el presidente presentó a Galicia como una comunidad autónoma "solvente y cumplidora", con una deuda pública que disminuyó en 2019 en 34 millones de euros, pese a la deuda de 370 millones de la administración general del Estado; 200 millones en calidad de IVA y 170 millones en cumplimiento de las reglas fiscales que tampoco aceptan transferir. "Se puede controlar el déficit público, cumplir la regla de gasto, pagar a proveedores, bajar impuestos e invertir más", añadió. "Galicia es una comunidad solvente, no vamos a dejar un pufo. Vamos a garantizar la viabilidad financiera da la administración autonómica; de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y las infraestructuras", aseguró el presidente de la Xunta.En segundo lugar, Núñez Feijóo también cargó contra el Gobierno por el incumplimiento de la palabra dada en materia de infraestructuras, en concreto, la conectividad ferroviaria a través de la alta velocidad. "Se nos han prometido diferentes fechas y todas se han incumplido", preciso Feijóo, quien mostró sus reticencias con el nuevo plazo ofrecido por el Gobierno de que el AVE pueda estar operativo en un plazo de dos años. "Los juegos de fechas son constantes, la última que tenemos es 2021, pero no concuerda con el estado de ejecución de las obras", subrayó.Estatuto electrointensivasEl tecer asunto que, según el presidente, afecta a la incertidumbre y a la falta de la palabra dada es la situación de las electrointensivas, con la aprobación de un estatuto que puede llegar a ser "un parte de defunción"para estas empresas. Feijóo recordó que la industria electrointensiva más importante de España, Alcoa, se encuentra en Galicia, en el municipio costero de San Cibrao y da empleo a 8.000 personas, entre puestos directos e indirectos.El presidente gallego recordó que en el año 2011 el Gobierno asumió un déficit tarifario de 30.000 millones de euros, al tiempo que se mantuvo el precio de la energía para que fuese compatible con la producción. El proyecto del actual Gobierno disminuye parte del presupuesto para repartir entre las empresas electrointensivas y amplía el radar de compañías que tienen derecho a esas tarifas, de manera que de 100 empresas pasan a ser 600."Cuando vemos qué empresas son hemos de felicitar a las catalanas y a las vascas, que son las que se incorporan, un ejemplo más", según el responsable autonómico, de la "asimetría" que también tiene efectos en las tarifas eléctricas. Feijóo advirtió de la situación en la que se encuentran las plantas de Alcoa San Cibrao y la fábrica que se vendió en A Coruña, ahora propiedad de Parter, y de una situación de incertidumbre que podría llevarlas a no producir aluminio y, por lo tanto, a que sobre mano de obra.Política energéticaComo cuarto problema citó la política energética y el diseño a futuro de las centrales térmicas en España, donde se mantienen 14 en funcionamiento. Feijóo indicó que el objetivo del Gobierno es cerrarlas todas, mientras que en otros países, como Alemania, se mantienen operativas 82. En Galicia actualmente siguen trabajando dos, una de ellas Meirama y Endesa, en As Pontes, la más grande de España. Tras realizar una inversión de 200 millones de euros para adecuar a la emisión de gases, el Gobierno central decidió que no se hace cargo del incremento de las emisiones del CO2, lo que coloca a la planta en una situación límite. Esto significaría, en palabras del presidente de la Xunta de Galicia, que desaparezca la comarca, porque supone, además, el 30% del total del tráfico del puerto de Ferrol.En este sentido, Feijóo avanzó que la Xunta tiene previsto crear una oficina de reindustrialización, pero "en ningún caso renunciando al mantenimiento de la central operativa". El presidente defendió la necesidad de llevar a cabo una transición "ordenada". "No podemos desenchufar las centrales nucleares y comprar energía a las centrales marroquíes" y auguró que en diez años vamos a pasar de ser una comunidad de excedente eléctrico a ser una comunidad deficitaria.Por último, entre los deberes pendientes del Gobierno central, Feijóo mencionó el problema del sector naval, con un contrato para las fragatas de la Armada aplazado. A partir de junio, la Ría de Ferrol se queda sin carga de trabajo, por lo que demandó un barco puente para poder mantener el astillero activo.Se refirió además al problema de la ocupación del océano marítimo terrestre y su ocupación desde el punto de vista industrial. La conserva exige instalaciones cerca del mar, pero la interpretación del reglamento de la Ley de Costas está impidiendo la concesión de las prórrogas de esas instalaciones, produciendo una enorme inseguridad en una industria puntera en el mundo.