Emprendedores-Pymes

Los trabajadores autónomos y las propuestas de Podemos

  • El programa parte de un mal diagnóstico: no todas las empresas son iguales
  • Adecuar las cotizaciones a los ingresos es positivo pero está mal enfocado
  • La propuesta de IRPF de Podemos les acerca a las posiciones más liberales
Pablo Iglesias, secretario general de Podemos.


A pesar de todo lo escrito y hablado en estas últimas semanas, el partido político Podemos no ha presentado todavía estrictamente un Programa Económico, sino tan solo un informe elaborado por encargo a dos profesores universitarios. Así queda claramente expuesto en la introducción del referido documento. Más noticias en el suplemento especializado gratuito elEconomista Gestión Empresarial

Sin embargo, el informe emitido nos permite ya entresacar determinadas referencias que afectan al ámbito de los trabajadores autónomos o de las microempresas, así como nos posibilita acercarnos a los que serán los elementos estructurales del futuro programa y a la filosofía económica que pudiera contener.

La primera conclusión a la que llegamos es que casi no hay referencias. Quizá ello sea consecuencia de que el documento engloba el concepto de empresario y empresa sin tener en cuenta sus diferencias, no sólo por la dimensión, sino por la condición de estas empresas. Desconocer que las dos terceras partes de las empresas españolas son personas físicas, o que la mitad de las empresas del país no tienen asalariados a su cargo es partir de un mal diagnóstico de salida. Se retorna a una visión clásica y algo maniquea de que todas las empresas son iguales, lo que está produciendo una brecha de competitividad empresarial en defecto de las más pequeñas.

Entre los empleadores y los empleados hay una amplia zona gris de trabajo autónomo o por cuenta propia, claramente en expansión, de cuya evolución depende en buena parte nuestro futuro económico y sobre la que hay que actuar para abordar cambios en la eficacia de la economía española.

Referencias directas

Las únicas referencias directas a estos colectivos se establecen en tres ámbitos concretos, cotización a la Seguridad Social, régimen fiscal, por lo que se refiere al IRPF, y necesidad de acceso a la financiación.

En relación a la Seguridad Social, el documento recoge una antigua aspiración de algunas asociaciones profesionales, la de la conveniencia de adecuar las cotizaciones a los ingresos reales anuales de los autónomos o a sus rendimientos netos.

Sin embargo equivocadamente se realiza esta propuesta en el marco y con el objetivo de conseguir una mayor recaudación a través de las cotizaciones sociales, dando por hecho que los autónomos cotizan en todos los casos por debajo de su monto efectivo de ingresos. No debe ser este el objetivo de la medida, sino que es el de encontrar un sistema mucho más contributivo, solidario y proporcional.

Son muchos los autónomos, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que se ven obligados a cotizar por encima de ingresos reales, mientras otros cotizan por bases mínimas teniendo rendimientos muy superiores, se trata de buscar un modelo más equilibrado, no simplemente de aumentar la cotización.

Declaración por IRPF

Por otra parte, encontramos en el informe-programa una propuesta que nos sorprende por su falta de justificación, se trata la de la simple eliminación del denominado régimen objetivo de declaración por IRPF, más conocido como de módulos o por criterios de beneficio estimado.

Esta propuesta no sólo no tiene justificación social, puesto que afecta negativamente al sector más débil del colectivo autónomo, sino que tampoco se mantiene en términos técnicos, ya que parece incluir a todos los establecimientos que venden directamente al público, en los que sería prácticamente imposible establecer un sistema de contabilidad al uso.

Con esta propuesta los informantes se alinean con las posiciones más liberales, dando la razón a las grandes empresas frente a los autónomos , aunque no dudamos que el sistema necesita mejoras y una limitación en su uso. Resulta insatisfactorio que una formación política que debiera aportar aires nuevos vuelva a soluciones demasiado clásicas y ya muy manidas.

Dos propuestas generales resultan muy interesantes pero no son en ningún caso exclusivas de esta formación, sino que ya son patrimonio de la mayoría de los ciudadanos, por una parte recuperar el consumo interno a través de una mejora en el poder adquisitivo, no sólo de los asalariados y trabajadores de la función pública, sino también de las clases pasivas y receptores de prestaciones, y de otra la recuperación de un mercado financiero que ha perdido toda su eficacia al no cumplir su función básica de financiar la economía real, sin embargo las soluciones que se ofrecen no parecen suficientemente elaboradas.

Falta de propuestas claras

Por una parte el documento adolece de una propuesta clara y contundente que permita saber cuál es la oferta para renovar nuestro tejido productivo, condición imprescindible para el crecimiento efectivo de nuestro PIB. Única vía para que realmente podamos acceder a una recaudación tributaria suficiente y a un equilibrado reparto de la misma.

No basta con cuantificar objetivos de recaudación para cuadrar las cuentas, se trata de conocer cómo pueden las empresas y el sector público mejorar su rendimiento y eficiencia para hacer al país realmente rico y en consecuencia solidario.

Uno de los temas estrella de este informe ha resultado ser la propuesta de abordar la creación de una banca pública o subsidiariamente una denominada banca ciudadana. Con respecto a esta última no se encuentra en el documento una suficiente explicación de su contenido, aunque parece podría ser innecesaria si se establece un sector financiero público.

Sin embargo, la propuesta parece ser más de salón que real, ya que al tiempo se propone que el ICO actúe como una auténtica banca comercial, lo que venimos reclamando desde hace tiempo, y por otra parte no se hace mención a las actuales instituciones financieras propiedad del Estado, que junto al ICO, y en relación al Banco Europeo de Inversiones, podrían llegar a cubrir este hueco necesario para mejorar el acceso al crédito de empresas, autónomos y familias.

Lo realmente urgente es adaptar los criterios de obtención de crédito a los actuales ratios de solvencia de la economía real, muy afectada negativamente por los efectos de la larga crisis, sin este paso el carácter público o privado de la banca, o su reconocimiento como derecho constitucional no deja de ser hoy una discusión retórica.

En todo caso, Podemos tiene tiempo para rectificar y ajustar estas propuestas. Nadie duda de la capacidad mediática de esta nueva formación política, pero como todos los profesionales de la comunicación saben, finalmente el producto a vender tiene que ser bueno, la simple comunicación no es suficiente.

Sebastián Reyna, Secretario general de Upta (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos)