Editorial: Una salida para los desahucios

La Ley hipotecaria, que ayer inició su trámite en el Congreso y se espera que entre en vigor en primavera, introduce una serie de medidas que posibilitan equilibrar la posición de las partes involucradas, que ahora es claramente desfavorable para los desahuciados. El pasado mes de noviembre, el Gobierno aprobó un decreto para paliar el problema de las personas que se estaban quedando en la calle al no poder pagar sus hipotecas por haber perdido el empleo. Con buen juicio se pensó que era precisa una solución temporal, mientras se redactaba una nueva ley que precisa mayor reflexión. El resultado es el texto que ahora estudia la Cámara y que tiene la virtud de zanjar uno de los principales problemas a los que se enfrentan los desahuciados: la deuda creciente que queda pendiente después del desahucio.

El proyecto de ley no establece la dación en pago, que suscita muchas críticas entre los expertos, pero da una alternativa para que esa deuda no se haga inasumible por la carga de los intereses e, incluso, para que los afectados tengan posibilidad de recuperar su vivienda. Los astronómicos intereses -superiores al 20%- que ahora se aplican, se rebajan a tres veces el tipo del interés legal del dinero -12%-. Además se da la posibilidad a los jueces de condonar el 35% de la deuda, siempre que el interesado haya pagado el 65% del total antes del quinto año desde que se efectuó el desahucio. Esta condonación se reduce al 20%, si transcurren 10 años. El proyecto desincentiva los créditos de más de 30 años y las subastas se hacen más competitivas y con más garantías. El texto ofrece soluciones realistas y, sin provocar movimientos pendulares, da una salida al problema de los desahucios.