Editorial: Ajuste en la ayuda a los parados

El Gobierno aprobará el viernes la reorganización de la ayuda -400 euros al mes- que reciben durante seis meses los parados que han agotado la prestación. En realidad se trata de un subsidio -jurídicamente no es un derecho que se haya generado por haber cotizado previamente- que era necesario cambiar. Las modificaciones no tendrán impacto presupuestario, porque se compensan unas actuaciones con otras y, además, las medidas afectan a un grupo pequeño de personas. Según datos de junio, hay 200.000 parados actualmente que perciben esta ayuda, y el número de personas que mensualmente acceden a ella varía entre 20.000 y 30.000.

Los cambios se orientan a aumentar la ayuda a quienes tienen mayores cargas familiares y a incentivar la búsqueda de empleo, con el objetivo de que pierda el carácter de subsidio y se acerque más a la idea de políticas activas de empleo que exige Bruselas. Aumenta la prestación para quienes más lo necesitan y también se endurecen los requisitos. Quedan fuera de la ayuda quienes vivan en casa de sus padres y adquiere un mayor peso el patrimonio del parado a la hora de contabilizar los ingresos. Se exigirá una búsqueda activa de trabajo y la participación en cursos de formación, según las pautas que se siguen en otros países europeos con la colaboración de las agencias de colocación. Para preservar la protección de los colectivos más desfavorecidos, evitar el fraude y primar la búsqueda de empleo, este tipo de subsidios debe estar ligado al cumplimiento riguroso de unos requisitos, acotar claramente los beneficiarios, ser limitados en el tiempo y en el gasto presupuestario que ocasionen. Si esta reforma responde a tales criterios, el ajuste parece coherente.