Era el mes de mayo del año 2009. Ni los mercados ni las empresas anticipaban aún que lo peor de la crisis financiera en Europa estaba por llegar. Todavía faltaban unos meses para que los problemas en Grecia aflorasen y se propagasen por el resto de la periferia europea. Fue en esa fecha, hace ahora nueve años, cuando Banco Santander comunicó a sus accionistas, y al resto del mercado, una decisión que con el tiempo tuvo mucha más trascendencia de lo que cabía esperar en aquel momento. Tanto que ha marcado la etapa más oscura en las políticas de dividendo de las cotizadas en la bolsa española.
El banco, presidido entonces por Emilio Botín, anunció que llevaría a su junta general de junio lo que calificó como un "un nuevo esquema de retribución para los accionistas". Esta iniciativa consistía en ofrecer al inversor cobrar uno de sus pagos en acciones. Aparentemente, se trataba de una elección y el banco mantendría su retribución intacta; todo eran bondades. Pero esta fórmula, conocida como scrip dividend, diluye la participación de quienes optan por seguir recibiendo el dividendo en metálico, ya que se quedan fuera de la ampliación de capital necesaria para entregar esos nuevos títulos. La gravedad es que los beneficios generados por la empresa se distribuyen entre más acciones, con lo que las ganancias por título se contraen sustancialmente.