Guerra civil en Europa por la desregulación de sectores y negocios

Olivier de Berranger

26/02/2025 - 18:47

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Para hacer frente a la guerra de los 30 Años, el Cardenal Richelieu y luego el también cardenal Mazarino se vieron obligados a aplicar una dura política de aumento de los impuestos. Tras duplicarse entre la batalla de Marignano y finales del siglo XVI, los gastos del Reino se quintuplicaron entre 1600 y 1650.

La historia casi nunca se repite, pero las recientes declaraciones de la patronal francesa contra la inestabilidad fiscal francesa y la obsesión reguladora europea demuestran que, a veces, es cíclica y que, como en esta ocasión, no tienen precedentes. Guillaume Faury, primer ejecutivo de Airbus y presidente del GIFAS, declaró recientemente, en relación a la industria aeroespacial, que no se debe "obstaculizar, gravar e impedir su funcionamiento", y el comunicado de prensa del grupo pide que "se afloje el cerco regulador".

El informe Draghi insta a las autoridades europeas a abordar el asombroso declive de Europa en los últimos 15 años y la urgente necesidad de impulsar la competitividad. La comparecencia en el Senado del consejero delegado de Michelín, Florent Menegaux, fue una lección magistral sobre los distintos botones de muestra que evidencian las múltiples distorsiones de la competencia.

Francia representa el 9 % de las ventas de Michelin, así como el 16 % de su plantilla y de su factura fiscal mundial. Michelin, por ejemplo, tiene prohibido exportar neumáticos agrícolas a la India, desafiando las normas de la OMC, aunque el país más poblado de la tierra acaba de hacerse con una cuota del 10 % del mercado francés porque ni su gobierno ni la UE prohíben las importaciones desde la quinta economía global de estos neumáticos. Michelin está presente en todos los países de Europa. Pero una directiva europea con una versión específica para cada país supone 27 versiones de la misma normativa con características nacionales específicas, pone su cuenta de resultados entre la espada y la pared. Menegaux lo expresó de forma elocuente: "Con todos los excesos que se producen a escala local, cumplir con todos los requerimientos regulatorios europeos es una pesadilla administrativa".

Porque, además, y a continuación vienen los costes de producción. Si Michelin produjera en Asia con una base de costes de 100 en 2019, cinco años después esta factura, incluyendo materias primas, energía y salarios, sería más o menos estable gracias a los esfuerzos de mejora de la productividad. Sin embargo, en Europa, la base en 2019 alcanzó el nivel 134, más alta pero manejable, y escaló hasta la cota 191 un lustro después. Esta casi duplicación se debe, en particular, a la explosión de los costes energéticos tras la guerra de Ucrania y al proceso de fijación de precios en Europa.

A Michelin, como a todas las empresas europeas, le gusta competir y codearse con la élite mundial, pero para que la competencia sea justa, cuando se juega al fútbol con un equipo de 11 jugadores, la escuadra contrincante no debe poder contar 22 jugadores y coger el balón con la mano.

Con Alemania enfrentándose a un tercer año consecutivo de recesión, el jefe de la industria de la locomotora europea, Peter Leibinger, cree que las perspectivas no solo son sombrías, sino también extremadamente inciertas con el cambio de gobierno en EEUU.

Los mercados ya han descontado esta sobrecarga regulatoria europea que frena la rentabilidad de las empresas. Cualquier cambio sería muy beneficioso para la renta variable de sus mercados de capitales, que en dólares ha subido más de un 90 % desde el 1 de enero de 2008. Lejos del alcance de los mercados estadounidenses, donde se disparó nada menos que un 477 %. Cualquier mejora de la carga normativa y la puesta en marcha de esfuerzos de simplificación burocrática reales despejarían el horizonte económico, elevarían la productividad y, por ende, catapultarían la competitividad.

Sin embargo, y mientras llega ese golpe de timón tan esperado, el domingo 2 de febrero entró en vigor el RIA (Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial), que se suma a los requisitos de DORA, (la Digital Operational Resilience Act) aplicable desde el pasado 17 de enero y dirigida específicamente a los servicios financieros, mientras se decide en la actualidad el futuro de la CS3D, el marco regulado para que las empresas realicen una diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente- y la CSRD, la directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad.