Detroit sí puede declararse en bancarrota: el juez da la razón a sus administradores
- Sindicatos de empleados públicos y grupos de jubilados habían objetado la quiebra
Detroit podrá seguir bajo la protección del tribunal de quiebras, donde está a salvo de juicios u otras acciones que pudieran interferir con sus intentos de reducir la deuda y recortar los beneficios de los empleados públicos.
En marzo, el gobernador de Detroit, Rick Snyder, nombró a un gestor de emergencia, Kevyn Orr, para que la ciudad pusiera sus cuentas en orden, quien en verano solicitó la protección por bancarrota, algo que enfadó a un gran número de acreedores, que asumirían más del 90% de pérdidas.
Este martes, el juez de bancarrota Steven Rhodes que durante unas semanas a escuchado las razones de acreedores y administradores de Detroit para determinar si la ciudad podía acogerse a la mayor suspensión de pagos municipal en la historia de EEUU, ha dictaminado que la ciudad sí puede ampararse en la bancarrota.
Durante este tiempo han desfilado ante el juez una serie de testigos a favor y en contra de la bancarrota, lo que ha servido para determinar que Detroit, con unos 18.000 millones de dólares en deuda a largo plazo, cumple los criterios para acogerse al capítulo 9 de la ley de bancarrota.
La ciudad ha tenido que demostrar que es insolvente y que ha negociado de buena fe con sus acreedores, frente a la oposición de sindicatos de empleados públicos, fondos de pensiones y otro tipo de prestamistas que se oponen a asimilar pérdidas.
Los sindicatos de empleados públicos y grupos de jubilados habían objetado la bancarrota con el argumento de que la ciudad no negoció de buena fe sobre los cortes propuestos en los planes de jubilación.
Ahora está previsto que Detroit, que en otro tiempo fue un gran centro industrial de EEUU y cuna del motor, presente un plan para librarse de los 18.000 millones de dólares de pasivo que figuran en su balance.