El objetivo de distribución de préstamos se eleva a 44.000 millones, un 127 % más que en 2009Quintuplica el trabajo de los técnicos y amenaza con desbordar la capacidad de endeudamientomadrid. Con el agua al cuello y sin brazos suficientes para remar con garantías. Así puede resumirse la situación en la que el Gobierno está dejando al Instituto de Crédito Oficial, al que ha marcado un objetivo de concesión de créditos de 44.000 millones de euros para 2010, superando en un 127 por ciento los 19.331 millones concedidos en el último ejercicio. Un ICO que está pasando de ser la agencia financiera del Estado al SAMUR de la economía, y al que el pasado 4 de marzo la vicepresidenta económica, Elena Salgado, marcaba el objetivo de inyectar liquidez a la economía aumentando un 52 por ciento la financiación a través de las líneas de mediación y un 18 por ciento las operaciones directas. Eso supondría un volumen total de fondos de 28.000 millones. Claro que estas cuentas la ministra no incluía los 10.000 millones que el ICO aporta al Fondo de Economía sostenible, ni la nueva propuesta de créditos directos para autónomos y pymes, que aprobaba el Consejo de Ministros del pasado día 9 de este mes. Una línea esta última con la que el Gobierno pretende financiara a entre 70.000 y 100.000 emprendedores, con una media de 60.000 euros de euros por préstamo, lo que supone un volumen máximo de disposiciones de 6.000 millones de euros, cuyo riesgo asume íntegramente el Instituto. Técnicos y Facilitadores Con la suma de ambos instrumentos, los 28.000 millones iniciales se convierten en 44.000 millones de euros, cifra que es dos veces y media superior a la de los créditos aprobados en 2009 y que podría incrementarse aún más si se confirma que el ICO aportará el 20 por ciento de la financiación del Plan de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, lo que supondría liberar otros 3.400 millones, de los 17.000 que José Blanco ha presupuestado para su proyecto "estrella". Un objetivo de crédito que, sin contar el Plan de Infraestructuras, supone aumentar en más de cuatro veces superior al importe de los créditos con cargo a las líneas de mediación concedidos por el ICO en 2007, año que marcó un récord en este tipo de préstamos, y que el Instituto va a tener que afrontar con la misma precariedad de medios técnicos y de personal que tenía hace tres años. Porque manejar un volumen de créditos de 44.000 millones de euros supone quintuplicar el importe de supervisión que corresponde a cada uno de los 150 técnicos que el Instituto tiene en su plantilla. Un equipo al que en un reparto proporcional le corresponderá tramitar unos 293 millones de euros por persona, frente a los 60,5 millones que tramitaba en 2006. Y con estos mimbres, quiere el Ministerio de Economía que el ICO analice también las solicitudes de los nuevos crédito directos y evalúe el riesgo de las miles de operaciones que se esperan. Una nueva función que, en palabras de un ex directivo del Instituto, "puede dejar al ICO al borde del colapso". Y eso si se cumplen las limitadas previsiones del Ejecutivo, porque desde las asociaciones de autónomos y microempresas ya se ha lanzado el mensaje de que con sólo 70.000 posibles beneficiarios e los créditos directos no se soluciona el estrangulamiento financiero de la pequeñas empresas y de los autoempleados. Un colectivo que eleva a un millón de solicitudes la demanda potencial. Claro que desde Economía se ha vendido ya que las evaluaciones de riesgo se van a externalizar que esta función se encomiende a la figura de los facilitadores de crédito. Ese equipo de prejubilados de la banca que ha creado el Instituto y que en sus primeros cuatro meses de trabajo sólo había conseguido cerrar una operación. Pero, no queda ahí la cosa. Porque en medio de la euforia que en el Gobierno y alguna clase política ha despertado este sucedáneo de banco público en que el Gobierno ha convertido al ICO, desde el ámbito de la empresa y de los analistas se empiezan a lanzar ya los primeros mensajes de alarma apuntando que la escasez de medios, las nuevas atribuciones y la carga de trabajo, amenazan con desbordar el límite de endeudamiento del Instituto, con convertir al brazo financiero del Estado en un "nido de morosos" -lo ha dicho el ex ministro y nada sospechoso, Carlos Solchaga-, y con disparar el endeudamiento y el nivel de riesgo del país en los mercados financieros internacionales. A este respecto, recordar que las operaciones de crédito que los Presupuestos Generales del Estado para 2010 autorizan al ICO es de 25.000 millones de euros. De este tope quedan excluidas las operaciones de tesorería que se concierte y amorticen dentro del año, ni la refinanciación de la deuda contraída a corto plazo.