Médicos y CCAA desafían el veto de Sanidad a los "sin papeles"
Cinco de las 17 comunidades autónomas -incluyendo Cataluña y Andalucía, que suponen más de un tercio de la economía del país y no están en manos del Partido Popular, que gobierna el Estado- han dicho que seguirán atendiendo a inmigrantes que no tengan papeles.
El Gobierno conservador dirigido por Mariano Rajoy tiene previsto poner fin a la atención sanitaria a los ilegales desde septiembre como parte de su campaña de austeridad, que pretende reducir uno de los déficits presupuestarios más grandes de la zona euro y convencer a los nerviosos inversores de que puede controlar las finanzas españolas.
Los detractores de la medida afirman que el número de inmigrantes sin papeles se estima en apenas 150.000, por lo que retirarles la atención médica ahorra muy poco y reafirma la discriminación.
"No es ético, no es eficiente, ni tiene sentido desde el punto de vista de salud pública. Además, se basa en mitos que tampoco son ciertos de que los inmigrantes se están aprovechando del sistema", afirmó Álvaro González, especialista en un hospital asturiano y que ha liderado la oposición a la norma.
Los casi seis millones de inmigrantes con documentación que hay en España, en su mayoría con permiso de residencia, suponen apenas el cinco por ciento de los costes sanitarios del país, según un estudio de La Caixa publicado el año pasado.
También algunos médicos en regiones gobernadas por el PP rechazan la medida, que consideran incompatible con el servicio universal de salud español y que creen podría terminar costando más al Estado si los inmigrantes van a las salas de urgencias en lugar de acudir a consultas médicas habituales.
La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, que inició la campaña contra la reforma, dice que más de 1.400 médicos se han sumado, incluyendo el 22 por ciento de los empleados de atención primaria de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP.
Las comunidades que no están manos del PP han utilizado la medida como centro de su oposición a los recortes de gastos del Gobierno.
Andalucía, con un gobierno liderado por el Partido Socialista, espera que Moncloa cambie su postura para septiembre, cuando funcionarios y sindicatos tienen previsto actos de protesta contra los recortes.
"Estamos hablando de personas y un sistema de salud público universal y gratuito que no puede cambiar de la noche a la mañana y excluir a ese colectivo", dijo a Reuters María Jesús Montero, consejera de Sanidad del Gobierno andaluz.
Montero añadió que su comunidad está comprometida a hacer recortes para reducir su déficit, pero no en sanidad y educación, que son "líneas rojas" que el Gobierno central no puede cruzar