UGT advierte sobre el futuro de 1.300 trabajadores tras el fin de los peajes
Esta medida afectará en primer lugar a la autopista AP-1 que une Burgos y Armiñón, que emplea de forma directa a 121 trabajadores y cuya concesión está previsto que finalice el próximo 30 de noviembre.
Para esta vía, UGT vaticina un progresivo deterioro y colapso en caso de no ampliarse a tres carriles una autopista que soporta un ingente tráfico proveniente del país vecino (más del 30 %).
Una vez que revierta la concesión de la autopista AP-1, le seguirá la AP-7, que discurre entre Alicante y Tarragona, y la AP-4, que conecta Sevilla y Cádiz, en diciembre de 2019. Ambas ocupan en la actualidad a más de 300 trabajadores.
En los cinco primeros meses del año, el tráfico de la AP-1 entre Burgos-Armiñón creció de media un 1,54 %; el de la AP-7 entre Tarragona y Alicante arrojó un incremento del tráfico del 2,56 %, mientras que la AP-4 entre Sevilla y Cádiz se anotó un incremento del 3,16 % con respecto al mismo periodo del año anterior.
En este contexto, el sindicato advierte de los interrogantes que se abren en el ámbito laboral a raíz de la medida anunciada y sobre el mantenimiento y conservación de las infraestructuras.
También pone de relieve las dudas existentes sobre la continuidad del modelo concesional en España como fórmula de participación público-privada, la seguridad vial, la implantación de la denominada Euroviñeta, la contaminación, el ruido, el número de accidentes o la congestión, que implican competencias compartidas con otros ministerios, como el de Economía o el de Medioambiente.
Asimismo, el sindicato reconoce que el compromiso adquirido por el nuevo titular de Fomento no ha dejado indiferente a nadie y recuerda que el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se mostró dispuesto a abordar el futuro de las concesiones que vencen próximamente en el marco de un gran pacto de Estado.
Ante este anuncio, UGT ya ha avanzado su intención de trasladar a Fomento las repercusiones que puede tener esta medida en relación al empleo del sector y la sostenibilidad económica, social y medioambiental de las infraestructuras.