La Comunidad rechaza que el Gobierno central compre suelo privado para hacer VPO
"Esta inversión sólo permitiría llevar a cabo la construcción de cerca de 13.000 pisos protegidos en toda España, una cantidad irrisoria teniendo en cuenta la demanda de vivienda que existe en toda España y cuya construcción requeriría de una financiación cercana a los 1.900 millones de euros", añadió Mariño.
"Precisamente ahora que la situación económica se complica, el Gobierno plantea esta medida ineficaz, que, en todo caso, debe contar con el respaldo de las Comunidades Autónomas, y lo hace sin aclarar quién va a poner los 1.900 millones de euros que cuesta construir esas 13.000 viviendas", advirtió la consejera.
Según Mariño, esta propuesta demuestra que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero actúa "sin previsión ni orden a partir de los sobresaltos generados por una crisis económica que todavía no acaba de encarar y que trata de ocultar con cortinas de humo como esta propuesta".
Mariño exigió también al ministerio que explique a las Comunidades quién va a construir las viviendas protegidas que ha anunciado, si ese suelo se va a ceder de forma gratuita a las comunidades y si éstas, en la atribución de sus competencias exclusivas en materia de vivienda, van a poder promover las tipologías de pisos que mejor se adapten a las necesidades de sus ciudadanos.
En contraposición con la propuesta ministerial, Mariño destacó la "eficacia" del Plan 45.000 regional, una iniciativa que supone destinar 3 millones de metros cuadrados de suelo propiedad de la Comunidad de Madrid a la construcción, por parte del sector privado, "del mayor parque estable de vivienda en alquiler de España".
Además, Mariño adelantó que su departamento "está a punto de concretar" un acuerdo con promotores y entidades bancarias para favorecer la salida al mercado, a un precio más asequible para los ciudadanos, de parte del 'stock' de viviendas que no se venden.
En su opinión, estas sí son medidas "ágiles, eficaces y que van a responder a la necesidad de vivienda de los ciudadanos a corto plazo".
Asimismo, Mariño recordó al ministerio, que "Sepes -Entidad Pública Empresarial de Suelo, dependiente del ministerio- tiene suficiente suelo en la Comunidad de Madrid para desarrollar las viviendas protegidas que ahora promete sin necesidad de poner en marcha operaciones que además de gasto público, no solucionan la crisis del sector, y que no van a tener ningún resultado a corto plazo".
Por otra parte, Mariño exigió un cambio en la Ley del Suelo estatal, aprobada en julio del año pasado, debido a que, a juicio de la consejera, esta norma, que modificó el sistema de valoración de los terrenos, "ha distorsionado gravemente el mercado del suelo y ha contribuido a ahogar financieramente al sector inmobiliario".