Colau acusa a FCC de fraude y puede dejarla fuera de sus concursos públicos

Los servicios municipales están en el epicentro de la política de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y si el agua o la luz ya han sido objeto de polémica en el consistorio barcelonés, ahora está en cuestión el servicio de recogida de basuras y gestión de residuos.

El Ayuntamiento de Barcelona cerró este martes el expediente informativo en el que dice acreditar un fraude por parte de FCC, que es la adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de residuos en varios barrios de Barcelona. La compañía que controla Carlos Slim habría defraudado 1,2 millones al contabilizar servicios que en realidad no se prestaron, según denuncia el gobierno municipal de Colau. Por no informar de dichos incumplimientos, le reclama otros 2,1 millones adicionales, que es lo que fijó en el contrato. FCC prefirió no realizar ningún comentario, al ser preguntado por elEconomista.

Según el ayuntamiento, la compañía habría facturado 6.130 servicios en los barrios del Eixample, Ciutat Vella y Gràcia, que se habrían llevado a cabo con menos trabajadores de los que señalaba el contrato. De acuerdo con los pliegos de la adjudicación, si la empresa decide utilizar menos empleados de los pactados, primero debe comunicarlo al consistorio. Estas irregularidades se habrían producido entre septiembre de 2013 y diciembre de 2015.

Facturas irregulares

En paralelo, FCC también habría gestionado de forma irregular los residuos, según consta en el documento que ha presentado el consistorio que lidera Ada Colau a la Fiscalía. En 2014, la filial de servicios "alteró de manera consciente e intencionada un mínimo de 30 de los 6.200 servicios anuales de recogida de voluminosos para evitar el salto de banda económico del contrato", defiende en un comunicado. Es decir, que FCC no habría efectuado algunos servicios para que el precio unitario por recogida fuera más bajo.

Según el consistorio, estos residuos se llevaron a una planta inadecuada. También existirían irregularidades por parte de FCC al mezclar residuos separados previamente (véase apoyo). Ahora el ayuntamiento ha cerrado el expediente informativo y lo ha enviado a Fiscalía.

Este viernes, se presentará la documentación conforme se puede acreditar el fraude de la recogida de basuras y se aprobará en el pleno la apertura de un expediente sancionador. En ese caso, un equipo de interventores prepararán un dictamen sobre la sanción a aplicar a FCC. Esta podría ir desde una multa de 500.000 euros, la rescisión del contrato, o impedir a la compañía que se pueda presentar a nuevos concursos públicos en el ayuntamiento.

Ada Colau quiere ejecutar un código de buenas prácticas en la contratación pública municipal. La Generalitat estudia lo mismo.