Cataluña

JxSí pacta una moción con la CUP pero no desobedece ni implica a los Mossos

  • CDC y ERC votarán en contra de los puntos de desobediencia de los anticapitalistas
  • El nombre de Tribunal Constitucional no se especifica, tal y como estaba en la primera moción

Iván Gutiérrez (Barcelona)

Junts pel Sí no desobedecerá. A pesar de repetirlo hasta la saciedad en campaña electoral y en los prolegómenos de la legislatura con la aprobación de la resolución del 9-N, ni Esquerra Republicana ni Convergència cumplirán con lo que tantas veces han proclamado. La CUP quería comprobar hasta donde estaba dispuesta a ir la coalición independentista, y ahora ya lo sabe.

La moción independentista de la CUP que atormentaba en las filas de Junts pel Sí, especialmente en el ala convergente, ya ha encontrado un cauce. Ambos partidos han acordado, y registrado en el Parlament, un texto consensuado con ocho puntos y que se debatirá el jueves en la cámara catalana.

Si la CUP instaba a que se mostrara explícitamente a que se desobedeciera al Tribunal Constitucional, ahora no se muestra el nombre del órgano judicial y tan sólo se reitera la intención de "desatender las peticiones de las instituciones no democráticas del Estado Español". Aunque este punto no saldrá adelante, ya que JxSí votará en contra. La coalición tampoco votará a favor del punto en que se hace referencia al papel de los Mossos d'Esquadra, que según el texto, tendría que desobedecer a las directrices de la Audiencia Nacional para parar el proceso de desconexión.

60 días claves

Entre otras medidas, que sí se aprobarán, está destinar una partida para fomentar "la participación ciudadana" en el proceso constituyente. Es decir, que se financiarán las elecciones constituyentes que la Generalitat tiene fijado en su hoja de ruta. En 60 días, el Govern tendrá que presentar un plan que desvele en qué situación están las medidas que se incluían en la resolución del 9-N en materias sociales. Un reto similar al del texto registrado en noviembre donde se ponía un límite de 30 días para iniciar las leyes de las estructuras de estado, algo que se ha cumplido a medias tintas. 

Lo que sí apoyará el texto es a los alcaldes y ayuntamientos "criminalizados por haber mostrado su apoyo a la declaración del 9-N". Un caso es el de Montserrat Venturós, alcaldesa de Berga (Berguedà) que se ha negado a comparecer en el juzgado de su municipio tras negarse a retirar la estelada del balcón del Ayuntamiento los días que se celebraron comicios generales y autonómicos.