Cataluña creará su Hacienda pese a la inhabilitación del Constitucional

La Generalitat de Cataluña seguirá adelante con la creación de su Agencia Tributaria a pesar de la suspensión definitiva de uno de los puntos de la ley por parte del Tribunal Constitucional.

Pero ese mismo punto no es problema para que la Generalitat siga con la tramitación de la ley que permitiría ejecutar una administración de recaudación de impuestos, según anunció ayer a Catalunya Ràdio la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs.

En respuesta a la decisión del Alto Tribunal de inhabilitar la norma que impide a la administración catalana contratar funcionarios, y por ende, no poder avanzar con la hacienda, Borràs añadió que "se mantiene. La única pega será la incorporación voluntaria de personas, pero desde Función Pública daremos respuesta a esto", aunque no concretó cómo. El pulso entre el Gobierno y la Generalitat sigue, pero las circunstancias se ponen aún más en contra de los deseos de los independentistas, al menos en términos legales.

El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, insistía el pasado martes en la importancia de recaudar los impuestos en Cataluña a través de una institución propia como la Hacienda catalana, una de las estructuras de Estado prioritarias en la hoja de ruta secesionista, pero ayer el Tribunal Constitucional asestó otro duro golpe a los planes de la Generalitat.

El Alto Tribunal ha suspendido la norma que permitía a la Generalitat diseñar un cuerpo de funcionarios nuevo para la Agencia Tributaria catalana por dos motivos: primero, porque se trataría de un concurso de plazas públicas restringido únicamente al ámbito catalán, cuando la ley establece que esté abierto a todos los ciudadanos del Estado español; y segundo, porque la competencia de este tipo de procesos pertenece a la administración central.

Ya estaba suspendida

De modo que el Constitucional ha dictado sentencia en menos de tres meses y acepta los argumentos del Gobierno de Rajoy declarando inconstitucional la ley catalana que tenía que servir para desarrollar la hacienda propia en Cataluña.

A pesar de que el Alto Tribunal ya había inhabilitado provisionalmente esta ley al aceptar a trámite el recurso presentado por el Gobierno, la Generalitat ya hizo caso omiso desde el inicio. Prueba de ello es la resolución rupturista aprobada el pasado 9 de noviembre, donde una de las leyes específicas a aprobar en 30 días es la de hacienda. En todo caso, esta ley no se podría ejecutar hasta que se formara un nuevo Govern donde se vería si siguen adelante con la desobediencia que propugna la CUP o evitarían el punto que ha suspendido el TC para no ser inculpados.

Y es que, en términos legales, la Generalitat no podrá contratar funcionarios por lo que teóricamente no podrá poner en marcha su hacienda. Pero la Generalitat lo ha dejado claro, y como pasó con la consulta suspendida del 9-N (también ejecutada por voluntarios) y como dice una expresión típica catalana: feta la llei, feta la trampa (hecha la ley, hecha la trampa).