Cataluña también ignorará al TC al prohibir el 'fracking'

La técnica de extracción de gas a través de la fracturación hidráulica, bautizada en inglés como fracking, volverá a ser legal en Cataluña, en teoría.

La Generalitat prohibió esta agresiva práctica de explotación de hidrocarburos el pasado 30 de enero, cuando modificó una normativa sobre urbanismo donde se señalaba que era ilegal "utilizar tecnología cuando pueda tener efectos negativos sobre las características geológicas, ambientales, paisajísticas o socioeconómicas".

Ante esta medida por parte del Ejecutivo catalán, el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional a finales del pasado octubre, cuando recibió el visto bueno del Consejo de Estado, un mero órgano consultivo. En poco menos de un mes, ayer mismo, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso, que automáticamente suspende de forma provisional la regulación catalana durante cinco meses. El Gobierno justificó su decisión de denunciar la ley aprobada en el Parlament de Cataluña con el argumento de que "establece la prohibición - que en la práctica es absoluta- del uso de la técnica de fracturación hidráulica en el aprovechamiento de hidrocarburos".

Obsesión del Gobierno

La reacción de la Generalitat no se hizo esperar y en un comunicado, el secretario de Empresa y Competitividad del Govern, Pere Torres, garantizó que en Cataluña no se permitirá el uso de la técnica del fracking ,diga lo que diga el Constitucional. Torres aludía en la nota informativa a una "obsesión" del Gobierno por uniformizar el mercado. En el recurso admitido a trámite por el TC también figuraba la denuncia del Gobierno en el que avisaba que "se estaban invadiendo" competencias propias y hacia alusión al caso de Cantabria, que hizo una prohibición análoga y que también fue suspendida por el Tribunal Constitucional.

Otros casos son el de La Rioja en abril o el de Navarra el pasado mes de noviembre, todos con el mismo resultado.

El Tribunal de Garantías trasladará la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Generalitat y al Parlament para que puedan alegar.