UPyD presenta una segunda querella contra Mas y pide que la policía retire las urnas
Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha presentado una segunda querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y algunos miembros de su gobierno por incumplimiento de la suspensión de la consulta dictado por el Tribunal Constitucional al organizar el proceso participativo de este 9 de noviembre. En la querella, el partido que preside Rosa Díez también acusa a los consellers Irene Rigau y Ramon Espadaler por permitir que las votaciones se realicen en centros educativos públicos y no instar a los Mossos d'Esquadra a cumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional impidiendo la nueva consulta. En concreto, la denuncia presentada por el portavoz en Cataluña de UPyD, Ramón de Veciana, considera Mas y los consellers podrían haber cometido los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.
La denuncia señala que pese a la suspensión Constitucional, la Generalitat "ha abierto los institutos y edificios públicos" para "la realización de la consulta suspendida, facilitando la logística y todos los medios materiales para la realización de la misma". UPyD pide de forma cautelar "el desalojo y cierre de estos institutos y edificios públicos "con el uso proporcional de la fuerza si fuera menester en caso de resistencia". También reclama que se incauten las papeletas y las urnas de cartón.
El pasado viernes UPyD ya amplió por segunda vez la querella presentada el 8 de octubre ante el Tribunal Supremo contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Ma, en vista del acaecimiento de los nuevos hechos que han tenido lugar: el dictamen del Consejo de Estado emitido el 30 de octubre, la suspensión dictaminada por el Tribunal Constitucional y el posterior anuncio de la Generalitat de que pensaban incumplir el mandato y proseguir con los preparativos de la consulta.
El partido de Rosa Díez entiende que la vía penal es la única y última "para hacer valer la ley y la prevalencia del estado de derecho". La Generalitat, al organizar este simulacro de consulta comete el "delito de "usurpación" de una competencia que es del Estado, conculca las competencias de la Oficina del Censo Electoral, e infringe el régimen jurídico vigente de la Administración electoral y el proceso electoral.
PxC
Plataforma per Catalunya también ha acudido al juzgado de guardia de Barcelona para denunciar guardia el uso de los centros educativos para el 9-N. El secretario general de la formación, Robert Hernando, ha anunciado que los servicios jurídicos del partido trabajaran durante toda la jornada para interponer las denuncias o querellas que sean necesarias si se diera el caso por delitos de sedición o prevaricación. De igual manera, los concejales y delegados de Plataforma presentarán una denuncia en cada partido judicial de Cataluña y reclamarán que la policía acudan a colegios e institutos para "identificar a los organizadores y retirar todos los enseres y mobiliarios destinados" al proceso participativo al considerar que se está cometiendo un delito.