El Consejo Escolar del Estado volverá a debatir hoy sobre el anteproyecto de la LOMCE
El Consejo Escolar del Estado volverá a celebrar un pleno este jueves para estudiar el anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), después de los cambios que ha sufrido el texto inicial durante el mes de diciembre, cuando fue discutido con las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
Los miembros de este órgano consultivo, en el que está representada toda la comunidad educativa -padres, alumnos y sindicatos de enseñanza, entre otros-, debatirá el informe de la ponencia elaborado por la permanente del Consejo, en el que se advierte de que el texto no contiene una memoria económica que garantice su viabilidad, pese a que se incluyen medidas que, a juicio de esta institución, suponen una "fuerte inversión", como el aumento de dotación de personal docente y la disminución de las ratios.
En el último pleno, celebrado el pasado 30 de octubre, varias organizaciones sindicales, de padres y alumnos, así como miembros de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), abandonaron el Pleno del Consejo Escolar, por la decisión de su presidente, Francisco López Rupérez, de no tramitar el informe de STES-i, alternativo al elaborado por la Comisión Permanente sobre la reforma educativa, basándose en un informe de la Abogacía del Estado, que decía que no cumplía la "debida neutralidad".
En el informe de la ponencia que se debatirá este jueves, la permanente del Consejo Escolar advierte de que el anteproyecto no contiene una memoria económica que garantice su viabilidad, pese a que se incluyen medidas que, a juicio de esta institución, suponen una "fuerte inversión". Por ello, propone que se añada una nueva disposición final que contemple los compromisos presupuestarios necesarios para desarrollar los objetivos y establezca tanto la aportación del Estado como de las comunidades autónomas.
Los ciclos de Formación Profesional Básica, el diseño e implantación por parte de los centros de métodos didácticos propios, la atención personalizada a los alumnos en Primaria y los diagnósticos precoces, las dos opciones de 4º de la ESO, los programas de mejora del aprendizaje, la FP dual, las plataformas digitales, la autonomía de los centros escolares, o la especialización curricular en institutos son algunas de las medidas que el Consejo Escolar considera que necesitan de una fuerte inversión.
TÉRMINOS "CONFUSOS" Y "AMBIGUOS"
Señala también que la redacción de algunos aspectos del borrador de la LOMCE es "confusa". En concreto, indica la referencia a la evaluación de la "lengua materna" en Primaria, que podría provocar "problemas prácticos", dependiendo del modelo lingüístico aplicado por la comunidad autónoma o por el centro docente, así como "problemas interpretativos" en relación con el alcance de dicho concepto.
También ve "confusos y ambiguos" los indicadores del nivel "alto, medio y bajo" que el Ministerio de Educación establece para la evaluación de 6º de Primaria. A juicio, del Consejo Escolar del Estado, esta prueba debe valorar la madurez del alumnado y detectar sus déficits para la corrección de los mismos, por lo que no puede establecerse los indicadores anteriormente mencionados.
En cuanto a las competencias del Estado, sugiere hacer constar expresamente que le corresponde la regulación de las condiciones de obtención expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, dada su "trascendencia en el sistema de reparto competencial".
En relación a la Formación Profesional Básica, que constará de dos cursos obligatorios y sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), sugiere que estas nuevas enseñanzas incluyan complementos formativos que conduzcan a la obtención del título de graduado en ESO. De la misma forma, plantea que la futura ley refleje que el título de Técnico Profesional Básico permita el acceso directo a los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y a la evaluación final de la ESO.
PROPONE UN PACTO DE ESTADO
Este organismo propone en su ponencia añadir en el final del párrafo trigésimo tercero de la 'Exposición de motivos' del texto normativo, que "sería conveniente un Pacto de Estado por la Educación", pues según argumenta, "la experiencia educativa en España dice que sin un pacto los sistemas educativos durarán lo que dure el gobierno de turno".
Propone añadir también en la exposición de motivos de la ley, en el párrafo vigésimo quinto, que comienza con "la finalización de un cñiclo económico expansivo, y sus inevitables consecuencias presupuestarias, no puede ser una coartada para eludir las necesarias reformas del sistema educativo", la siguiente frase: "ni para limitarse a la aplicación de unas medidas de ajuste y racionalización, aunque éstas se presenten como coyunturales".
INFORMES ALTERNATIVOS Y ENMIENDAS
Asimismo, según han informado a Europa Press fuentes sindicales, al texto del Consejo Escolar se han presentado más de 400 enmiendas y varios informes alternativos, concretamente de de FE-CC.OO, FETE-UGT, STES-i, CIG y otro firmado por la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), Sindicato de Estudiantes y la Federación de Asociaciones de Estudiantes Progresistas (FAEST).
FETE-UGT considera en su texto que el Consejo Escolar debe informar negativamente a la tramitación del texto normativo, al considerar que no resolverá ninguno de los problemas del sistema educativo y conlleva la pérdida de conquistas educativas tales como la igualdad de oportunidades en la escolarización obligatoria y la cohesión social. Asimismo, critica los fines "economicistas" de la reforma, el mayor control del currículo por parte del Estado y los itinerarios "segregadores" y "excluyentes".
En la misma línea, STES-i propone en su informe la devolución del anteproyecto a Ministerio de Educación y fundamenta su rechazo en que no se ha negociado con la comunidad educativa. Asimismo, alerta de que se trata de una "contrarreforma ideológica" que busca la privatización del sistema educativo, pretende la "marginación" de las lenguas propias de algunas comunidades autónomas y "desprecia" trabajo del profesorado, entre otras razones.
Entre los colectivos que han presentado enmiendas, se encuentra CSIF, que aunque rechaza el anteproyecto, porque no contempla las medidas necesarias para conseguir la educación de calidad, sí espera con sus aportaciones introducir algunas mejoras en favor de la educación pública y de los trabajadores de la enseñanza.