Andalucía

El juez imputa al tesorero de CCOO Andalucía y a una exdirectora general de la Junta

  • CCOO aseguró que celebró un acto en el Palacio de Congresos de Sevilla que nunca existió.
Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta. <i>Foto: Fernando Ruso</i>


Por posible malversación de 600.000 euros de dinero público entregado al sindicato para un plan de sensibilización en riesgos laborales que se usó para montar manifestaciones.

Un juez de Sevilla ha citado como imputados, el próximo 24 de enero, a la exdirectora general de Seguridad y Salud Laboral la Junta, Esther Azorit, y al secretario de Finanzas de CCOO de Andalucía, Miguel Ángel Soto, por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de 600.000 euros que fueron destinados a fines distintos a los concedidos.

Además, el juez ha admitido practicar todas las pruebas pedidas por la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla, entre ellas una pericial contable sobre el "menoscabo de fondos públicos" que supusieron las subvenciones investigadas y reclamar a la Junta la documentación acreditativa. Según el fiscal, "una mínima comprobación de la documentación aportada" debería haber llevado a la Junta a exigir el reintegro de estos fondos públicos. Por todo ello, la Fiscalía ha calificado los hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.

El juez también ha pedido a diversas empresas de transporte que precisen los itinerarios de los viajes que hicieron con militantes de CCOO para participar en manifestaciones y luego justificados dentro de una partida de prevención de riesgos laborales.

La denuncia recogió que el 22 de mayo del 2009 el consejero de Empleo de la Junta, en ese momento Antonio Fernández (imputado en el caso ERE y en libertad bajo fianza tras ser encarcelado) concedió una ayuda de 600.000 euros a CCOO destinada a un "plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre riesgos laborales". La Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, CCOO utilizó parte de esa subvención para los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.

Charangas y pancartas

Entre otros, la Fiscalía denunció que los gastos de desplazamientos para dicho plan de prevención fueron justificados con facturas de traslado en autobuses desde distintas localidades a Sevilla "con motivo de la manifestación del 22 de abril de 2009", la actuación de la charanga "Los Piratas", otros 998,76 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos el día de la manifestación por un importe total de 2.594 euros. El escrito del fiscal concretó que CCOO justificó como "coordinación de actividades" de la sindicalista liberada Agustina Gutiérrez Navarro lo que en realidad fueron una veintena de viajes entre Sevilla a Málaga los viernes y de regreso los lunes.

Además, el fiscal precisó en su denuncia que "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral el 22 de abril del 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla", pese a que así justificó el sindicato oficialmente la mayoría del gasto de esa subvención.