Anticorrupción pide fianzas de 2,8 millones para 14 imputados por el caso de los ERE

El Ministerio Público, que ya tachó el caso de "trama organizada para la percepción de fondos públicos", quiere garantizar que la Administración recupera los 10 millones defraudados. La Junta, personada en el caso, solicita que las fianzas sean de 3,3 millones.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que imponga 2.850.000 euros en fianzas a las 14 personas imputadas que ya han prestado declaración judicial dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada.

El caso de los ERE se ha reabierto con virulencia esta semana en Andalucía tras conocerse un auto de Alaya en el que pide explicaciones a la Junta sobre supuestas autorizaciones que José Antonio Griñán, en su etapa de consejero de Economía, debió otorgar para que se concedieran determinadas ayudas a empresas. Esas ayudas también están siendo investigadas en relación con el caso de los expedientes de regulación de empleo. La Junta negó ayer cualquier implicación.

Según el acta de la audiencia celebrada en la mañana de este jueves para analizar las medidas cautelares a imponer, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía ha solicitado a la magistrada que imponga 2.850.000 euros en fianzas a los 14 imputados, mientras que el letrado de la Junta de Andalucía se ha adherido "en lo sustancial" a lo solicitado por el Ministerio Público aunque ha pedido que, "atendiendo al importe satisfecho para el pago de las pólizas", las fianzas asciendan a 3.295.000 euros.

De su lado, los abogados de los 14 imputados se han opuesto a la imposición de dichas fianzas y, en el caso del exalcalde de la localidad sevillana de El Pedroso Rafael Rosendo (PSOE), su letrado se ha opuesto al entender que su representado "no puede ser calificado como intruso en ningún ERE", y, en segundo lugar, porque este mismo miércoles consignó la cantidad de 112.900,53 euros como beneficiario de una póliza de rentas de supervivencia de la entidad Fortia Vida, con lo que "están suficientemente aseguradas las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle".

La investigación paralela desarrollada antes de verano por la propia Junta de Andalucía ya detectó en marzo pasado a 72 intrusos -incluidos en ERE de empresas en las que nunca habían trabajado- que habrían cobrado en prejubilaciones ilegales por valor de unos 10 millones de euros. Este es el importe que Anticorrupción quiere recuperar.