PSOE, PP e IU, de acuerdo con que se publiquen declaraciones de la renta de diputados y altos cargos de Andalucía

El consejo de Gobierno de la Junta también decide hacer públicas las declaraciones del IRPF de los 13 consejeros como ya hizo el presidente Griñán.

El grupo de trabajo del Parlamento sobre medidas de transparencia y calidad democrática ha quedado constituido este martes y durante la presentación de propuestas, PSOE, PP e IU han coincidido en la necesidad de que se hagan públicas las declaraciones de la renta de los 109 diputados autonómicos y de los altos cargos de la Junta. El objetivo es que las conclusiones del grupo se puedan someter a votación en el pleno extraordinario que se celebrará este mes.

Además, el PSOE, que tiene mayoría absoluta, se ha mostrado dispuesto a analizar la propuesta de IU sobre posible incompatibilidad del cargo de diputado autonómico con los de alcalde y presidente de diputación provincial. Los socialistas han considerado que buena parte de las medidas que se acuerden en este grupo de trabajo también deben hacerse extensivas al ámbito municipal.

En paralelo, la propia Junta de Andalucía ha decidido ampliar la medida que ha tomado el proprio presidente José Antonio Griñán -que ha entregado al Parlamento sus declaraciones de la renta de los tres últimos ejercicios- a los 13 consejeros del Ejecutivo.

Durante su intervención en el grupo de trabajo, el diputado socialista Miguel Ángel Vázquez ha manifestado que el objetivo de este grupo no puede ser otro que el de prestigiar la política y profundizar en mecanismos de transparencia, austeridad y de avance en la calidad democrática. También se pretende, según ha apuntando, combatir lo que determinados sectores intentan, "que es tirar por tierra el desprestigio de la política" y ha insistido en que los socialistas quieren llegar al "máximo grado de consenso" sobre esta materia.

Tras apuntar que Andalucía no parte de cero en materia de transparencia, austeridad y calidad democrática, ha señalado, entre las medidas que el PSOE quiere consensuar en el grupo de trabajo, la supresión de cualquier privilegio en materia de pensiones que pueda tener atribuido cualquier cargo público en Andalucía y la limitación de las retribuciones de los parlamentarios a las que perciben del Parlamento, del Senado o de las administraciones de las que sean cargos electos, impidiendo que puedan percibir retribuciones distintas a estas, sea cual sea su origen, público o privado.

Vázquez ha defendido también la creación del 'escaño 110', que supondrá dar voz a la ciudadanía en la Cámara autonómica y ha señalado que su grupo es partidario de que todos los diputados y altos cargos de la Junta y de entes participados hagan públicas sus declaraciones de la renta desde el inicio de esta legislatura y que ello se hagan extensivo al conjunto de administraciones públicas, como la local. En su opinión, lo que se apruebe en el Parlamento en esta materia también debería ser aplicable en el ámbito municipal.

Por su parte, el diputado del PP-A Jorge Ramos Aznar ha presentado un documento con 54 medidas, algunas de las cuales conllevan modificaciones de leyes o del Reglamento del Parlamento. En materia de austeridad, el PP ha planteado la reducción a diez del número de las consejerías, así como la reducción en un 50 por ciento de los altos cargos de la Junta o de los delegados provinciales. Ha propuesto la elaboración de un plan estratégico de racionalización del gasto corriente en la administración a cuatro años.

En relación con las medidas para la transparencia, se encuentran la obligación de declaración de los diputados en su declaración de actividades, bienes e intereses las relaciones de sus familiares directos con la Junta; la constitución de una comisión de seguimiento de las contrataciones de la administración pública autonómica; la obligación de que las declaraciones de renta de los parlamentarios sean públicas, así como las eventuales asignaciones que reciban de sus formaciones políticas y los gastos que las mismas sufraguen para el desempeño de sus actividades; la eliminación de la asignación económica temporal al perder la condición de diputado que contempla su artículo 8 el Reglamento del Parlamento (cesantías).

El PP-A también ha propuesto que la derogación del "pensionazo" recogido en la Ley por la que se regula el Estatuto de los expresidentes de la Junta de Andalucía, y que sea obligatorio que las declaraciones de las renta de altos cargos de la Junta, directivos de entidades asimiladas y los cargos de extracción parlamentaria sean públicas, así como las eventuales asignaciones que reciban de sus formaciones políticas y los gastos que las mismas sufraguen para el desempeño de sus actividades. Los populares, que también hacen varias propuestas en relación con el sector público, como que se derogue el decreto de reordenación, también defienden entre sus propuestas elecciones andaluzas separadas y limitación del mandato del presidente de la Junta a ocho años, así como la obligatoriedad de que los partidos comuniquen al Parlamento sus deudas con bancos y cajas y las eventuales condonaciones de las mismas.

INCOMPATIBILIDAD DE CARGOS

El portavoz del grupo de IU, Diego Valderas, que ha apuntando que nadie debe enriquecerse con la actividad política, pero tampoco el ejercicio de la actividad política "debe suponer un empobrecimiento de quien dedique a ello su tiempo y capacidades", ha planteado la supresión de medidas de compensación, privilegios y asignaciones económicas de expresidentes de la Junta, exvicepresidentes y exconsejeros, y la eliminación de la consolidación de complementos salariales 'nivel 31' para diputados y altos cargos de la Junta.

Valderas ha planteado además que el cargo de diputado sea incompatible con el de senador y alcaldes, apuntando que la compatibilidad con otros cargos públicos evitará en todo momento asignación y percepción económica de cualquier clase o naturaleza. Valderas ha indicado que su formación está abierta a analizar que la incompatibilidad entre diputado y alcalde esté sujeta a la dimensión del municipio.

Izquierda Unida también plantea una reforma de la Ley Electoral para limitar los mandatos del presidente de la Junta, aumentar el número de diputados en la Cámara en función del incremento de población, para que las elecciones andaluzas sean en solitario y establecer la elección directa por circunscripción de los senadores que representan a la comunidad.