Chivite defiende la transparencia en las adjudicaciones y marca distancias entre contratos públicos y tramitaciones privadas

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha enviado un mensaje de calma institucional, mostrando su total confianza en la gestión pública y afirmando que en ninguna de las adjudicaciones realizadas por la Administración foral se han detectado indicios de delito.

Además, ha resaltado que el Ejecutivo está comprometido en despejar cualquier sombra de duda sobre su actuación, para lo cual ha puesto en marcha diversos mecanismos de control y transparencia. Entre ellos, ha solicitado a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que revise todas las adjudicaciones a las empresas mencionadas en el informe, el encargo de una auditoría externa y la petición al Parlamento para que la Cámara de Comptos también analice estos contratos.

Ante las informaciones publicadas, la dirigente socialista también ha querido subrayar la diferencia entre los contratos públicos gestionados por el Gobierno foral y los trámites administrativos vinculados a proyectos privados. En este sentido, Chivite aclaró que las gestiones relacionadas con empresas privadas como Geoalcali, mencionadas en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), corresponden a "tramitaciones administrativas" y "no a contratos públicos", enfatizando que "son dos cosas absolutamente diferentes".

Entre los casos bajo revisión figuran cinco obras públicas, entre las que destacan las oficinas del pabellón Navarra Arena, la rehabilitación del Archivo de Navarra, dos promociones de viviendas de protección oficial, así como expedientes relacionados con empresas como Acciona y Servinabar. En contraste, Mina Muga no forma parte de este bloque de contratos públicos, dado que su desarrollo se basa en tramitaciones técnicas, medioambientales y urbanísticas, sujetas a una evaluación administrativa rigurosa, pero sin adjudicación de fondos públicos.

Desde 2012, el proyecto minero promovido por Geoalcali ha superado más de 40 permisos de diferentes administraciones, tanto locales, como autonómicas como estatales, y ha sido sometido a 15 exposiciones públicas y ha recibido 80 informes técnicos favorables, tras gestionar más de 1.200 alegaciones en más de una década de tramitación.