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Cristóbal Montoro usó la Agencia Tributaria para conocer detalles fiscales de Tita Cervera y Rafa Nadal
- El tenista estaba entonces en pleno procedimiento de comprobación fiscal por sus contratos publicitarios
- Exclusiva: Carmen Thyssen reconsidera su decisión de abandonar los estudios y regresa a Barcelona para seguir su preparación
Sara Tejada
Cristóbal Montoro está en el centro de un escándalo judicial que podría marcar un antes y un después en la relación entre la política y los organismos de control fiscal en España. La Fiscalía Anticorrupción ha alertado al juez que instruye la causa de una posible red de tráfico de información privilegiada desde la Agencia Tributaria hacia el despacho del entonces ministro. Entre los afectados figuran figuras políticas, empresariales y mediáticas, pero también celebridades como la baronesa Carmen Thyssen y el tenista Rafa Nadal.
La investigación, según fuentes judiciales, apunta directamente a Montoro como receptor de información fiscal reservada que, en teoría, nunca debería haber salido de los cauces estrictamente judiciales o administrativos. A través de correos electrónicos entre el director de la Agencia Tributaria de la época, Santiago Menéndez, y el entorno del ministro, se detallan casos concretos en los que se compartió información sobre inspecciones en curso, actas previas a su firma y decisiones fiscales aún no comunicadas a los afectados.
El que fuera exministro de Hacienda entre 2011 y 2018 niega las acusaciones, dice que "no hay pruebas" y anuncia acciones legales para defenderse. Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Carmen Cervera, más conocida como la baronesa Thyssen. Según consta en los correos recopilados por la Fiscalía a los que ha tenido acceso Informalia, Menéndez informaba al equipo de Montoro del avance de la inspección a BT (siglas con las que en el argot interno de Hacienda se referían a la baronesa). En esos mensajes se especificaban incluso fechas concretas en las que se preveía cerrar el acta de conformidad, además del importe exacto de la regularización tributaria. Borja Thyssen, hijo de la baronesa, fue objeto de un largo litigio con Hacienda que finalmente ganó.
Otro de los nombres propios afectados es el de Rafa Nadal
El actual e marqués de Llevant de Mallorca estaba en pleno procedimiento de comprobación fiscal por sus contratos publicitarios cuando, según los correos intervenidos, Montoro y su equipo ya conocían los detalles antes de que el proceso finalizara.
En uno de esos mensajes, el director de la AEAT señalaba: "Se va a practicar regularización dejando un margen sobre los rendimientos publicitarios. A fecha de hoy, el contribuyente conoce la propuesta y está valorando su conformidad". Es decir, Nadal estaba aún negociando con Hacienda mientras en el Ministerio ya se sabía cómo iba a acabar la inspección.
Una práctica extendida
La revelación no se limita a estas dos celebridades. En la documentación incorporada al sumario aparecen menciones a otros nombres relevantes de la política y la economía, como Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, Luis Bárcenas o el propio Jordi Pujol Ferrusola. En todos los casos, se habrían producido filtraciones internas desde la Agencia Tributaria hacia el Ministerio.
Además, la investigación apunta a un posible conflicto de intereses en el propio círculo de Montoro. Felipe Martínez Rico, su jefe de gabinete y después subsecretario de Hacienda, era hermano de Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico, un despacho fundado por Montoro y señalado por presuntamente intermediar entre empresas privadas y el Ministerio para conseguir cambios normativos favorables.
El Hormiguero: el caso Vértice 360 y los correos comprometedores
El escándalo no se queda en nombres mediáticos. También se investiga la productora vinculada al programa de televisión El Hormiguero, donde un correo revela que uno de los socios, el exministro Josep Piqué, gestionó un aplazamiento fiscal que luego incumplió. Ese detalle, que en teoría debía ser confidencial, también llegó al correo del despacho de Montoro. En otra comunicación, tras la detención de Ignacio González en el caso Canal de Isabel II, el director de la AEAT envió un informe al Ministerio con información previa incluso a la llegada del sumario a los juzgados.
Los correos revelan además un tono de presión interna dentro de la Agencia Tributaria. En uno de ellos, Santiago Menéndez reclamaba explicaciones por un informe remitido directamente a un juez sin conocimiento previo de la dirección de la AEAT. "Es impresentable e indecente que se fije un criterio sin que la dirección sepa nada", decía Menéndez en un mensaje con copia oculta al gabinete de Montoro.
El papel de la Fiscalía y el debate en Anticorrupción
La fiscal encargada del caso, Carmen García Cerdán, elaboró un informe en febrero de 2023 en el que planteaba profundizar en la investigación de estos correos para delimitar posibles responsabilidades penales. Sin embargo, la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción mostró reticencias y se convocó una junta extraordinaria de fiscales. El resultado fue una decisión salomónica: no continuar, por ahora, con nuevas imputaciones, aunque se dejó la puerta abierta a que el juez instructor de Tarragona siga avanzando. El juez debe resolver ahora si las personas afectadas por la filtración pueden personarse como perjudicadas en la causa y si los hechos encajan en un posible delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 417 del Código Penal, que castiga con prisión a los funcionarios que filtren información reservada a la que acceden por su cargo.
La respuesta de Montoro
Cristóbal Montoro, tras conocerse su imputación, ha defendido públicamente su actuación. Acusa al juez de haber dictado un auto "sin base probatoria" y considera que su caso es una "cortina de humo" para tapar lo que él llama "los verdaderos escándalos del Gobierno actual". Sin embargo, las pruebas aportadas al sumario muestran un flujo sistemático de información confidencial entre Hacienda y su despacho ministerial. Ahora será el juez quien decida hasta dónde llega este caso y si se trata de un exceso de celo político o de una trama organizada para controlar y manipular datos fiscales de personajes públicos al más alto nivel.