La "familia de Pedro Sánchez": el titular que el presidente se ha encontrado en la prensa extranjera

Pedro Sánchez se ha convertido en una figura central no solo de la política española, sino también de la atención mediática internacional. Este viernes, un titular de Financial Times la ha resumido con crudeza una situación que el presidente arrastra desde hace más de un año: "La familia de Pedro Sánchez...", comienza la noticia, en alusión a las investigaciones judiciales que afectan tanto a su esposa, Begoña Gómez, como a su hermano, David Sánchez. Ambos casos han puesto a España de nuevo en el escaparate por el debate sobre la independencia judicial y la instrumentalización política de la justicia.

El presidente del Gobierno, que lleva casi siete años en el poder, ha defendido con firmeza la independencia de jueces y la solidez del Estado de derecho en España. Sin embargo, sus propias palabras se han vuelto en su contra ante la realidad judicial que ahora rodea a su entorno familiar. Las acusaciones de corrupción e influencia indebida contra Gómez y David Sánchez, promovidas por grupos con vínculos con la extrema derecha, han generado una tormenta política y judicial de gran calado.

Sánchez denunció desde el principio lo que describió como una operación de "acoso y derribo" por parte de sectores de la derecha. El episodio más dramático tuvo lugar en abril de 2024, cuando el presidente anunció que se tomaría cinco días para reflexionar sobre su continuidad en el cargo. Aquel gesto, sin precedentes, fue interpretado como un intento de señalar los límites del llamado lawfare —el uso del aparato judicial con fines políticos—. Aunque finalmente decidió continuar al frente del Gobierno, la sospecha de una ofensiva judicial politizada ha seguido creciendo.

Las investigaciones en curso han sido impulsadas por denuncias de Manos Limpias, un colectivo con un largo historial de litigios con trasfondo ideológico. En el caso de Begoña Gómez, se investiga su papel en actividades universitarias vinculadas a posibles casos de tráfico de influencias. La propia Gómez ha comparecido ya tres veces ante el juez Juan Carlos Peinado, figura a la que se cuestiones desde la izquierda, y en una audiencia parlamentaria autonómica rehusó responder a las preguntas, denunciando el carácter político del proceso.

El caso de David Sánchez, por su parte, gira en torno a su nombramiento como responsable de conservatorios musicales en una administración regional en el oeste de España. Una segunda magistrada, Beatriz Biedma, lidera esta investigación, también iniciada por colectivos afines a la derecha.

La percepción de una justicia contaminada por intereses políticos se ha visto reforzada por la conducta de algunos jueces y el cruce de declaraciones entre partidos. En diciembre pasado, Sánchez acusó abiertamente al Partido Popular de jugar "con las cartas marcadas", insinuando que la oposición tenía acceso privilegiado a información judicial sobre su familia. En paralelo, su partido, el PSOE, propuso una reforma legal para limitar las querellas sin base sólida y prohibir que partidos políticos respalden denuncias sin conexión directa con los hechos investigados.

La propuesta, sin embargo, fue calificada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como un intento de "amordazar a los jueces", comparándola con prácticas propias de regímenes autoritarios. Aunque es poco probable que esta iniciativa prospere en el Parlamento por falta de apoyos, ha vuelto a abrir la grieta sobre la separación de poderes en España.

La tensión ha aumentado con el caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por una supuesta filtración de datos fiscales sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y enemiga política de Sánchez. Ortiz niega las acusaciones, pero el proceso sigue abierto. A esto se suma el malestar por los nombramientos de personas cercanas al Gobierno en el Tribunal Constitucional, que ha alimentado las sospechas de politización institucional.

Pese a todo, Sánchez ha reiterado ante inversores y organismos internacionales su confianza en la fortaleza jurídica de España. La patronal CEOE, aunque prudente, ha subrayado la importancia de la separación de poderes como base de la democracia y garantía para la actividad económica.

Mientras tanto, las causas contra su familia siguen su curso. La figura del juez Peinado se ha convertido en uno de los ejes más controvertidos, especialmente tras su decisión de acudir a la residencia oficial del presidente para interrogarle —una visita que Sánchez declinó aceptar— y de citar posteriormente al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

Para muchos observadores, estos episodios ilustran una justicia atrapada en la confrontación política. Desde sectores independentistas catalanes y vascos hasta asociaciones judiciales, crece la alarma sobre una estructura de poder judicial poco blindada frente a presiones ideológicas.

La reforma del Consejo General del Poder Judicial, acordada en 2023 por PSOE y PP para repartirse sus 20 miembros, tampoco ha servido para calmar las aguas. Según el juez Sergio Oliva Parrilla, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, aunque miles de jueces españoles actúan con imparcialidad, "la forma en que se elige la cúpula judicial transmite el mensaje de que la ideología importa".

En medio de esta tormenta, el titular que Sánchez ha encontrado en la prensa internacional refleja un giro inesperado de su legado político: la historia de un presidente acorralado no por sus actos, sino por los de quienes llevan su apellido.