En Zarzuela no saben nada sobre la demanda del emérito contra Corinna: "Flaco favor le hace a Felipe VI"

Primero fue Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, y ahora Corinna Larsen, ex amante real. Don Juan Carlos I está decidido a limpiar su nombre de las que considera calumnias e injurias que se han vertido en los últimos años sobre su persona, una decisión histórica (pues es la primera vez que un rey se querella contra un plebeyo) de la que Casa Real se desvincula por completo. Preguntados por esta nueva demanda del emérito este miércoles, los responsables de Zarzuela repiten el discurso que ya ofrecieron hace una semana: "No han sido informados", asegura Elsa González.

La experta en Casa Real de la COPE afirma que el emérito actúa por su cuenta en todo este asunto y su opinión al respecto es tajante: "Flaco favor le hace a Felipe VI con todo esto", ha afirmado en el programa de Sonsoles.

Don Juan Carlos ha presentado la demanda contra la empresaria alemana, cuyo nombre de soltera es Corinna zu Sayn-Wittgenstein, en Suiza. Precisamente aquí fue donde el emérito efectuó el ingreso de los 65 millones de euros en concepto de supuesta donación a Corinna procedente del ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. El ingreso se produjo en la banca Mirabaud. Cuando la relación entre el monarca y la alemana se truncó, este le reclamó los 65 millones de vuelta y ella se negó. Ahora, algunos periodistas apuntan a que la demanda del rey contra su ex amante tiene más que ver con el dinero que con el honor.

El paso del emérito en los juzgados es un contraataque contra la alemana. En 2023, y después de tres largos años de proceso judicial, el Tribunal Superior de Londres, rechazó la demanda de Corinna contra Juan Carlos I al considerar que no tenía jurisdicción. Larsen, que acusaba al exmonarca de acoso, vigilancia ilegal y difamación, aseguraba que entre 2012 y 2020 había sido víctima de supuesta vigilancia en sus comunicaciones a través del móvil, entre otras acciones. La alemana de origen danés llegó a reclamarle 146 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.