Transporte público: el PSOE discrimina a la ciudad de Madrid frente a Barcelona y Valencia

Con sus 123 escaños, el PSOE de Pedro Sánchez tiene posibilidades de formar Gobierno. En este punto, desde el sector de la automoción se refrescan los proyectos electorales y promesas que lanzó en los últimos meses de su mandato. Uno de estos temas es la política de transporte público, donde el anterior Gobierno, lejos de proponer una ley de financiación de los servicios de transporte colectivo urbano que establezca unas reglas de juego similar a todas las ciudades, utiliza los fondos de manera arbitraria. Barcelona y Valencia son las favoritas del anterior Gobierno, mientras que Madrid sale claramente perdiendo.

En un estudio realizado por Atuc, la asociación de transporte público urbanos y metropolitanos -que lleva años demandando una ley de financiación del transporte- compara la propuesta para financiar el transporte público que el anterior Gobierno hizo en la fallida propuesta de Presupuestos Generales para 2019 para las grandes ciudades amparadas por el contrato programa. Y los datos son demoledores.

En esos Presupuestos, que hay que recordar buscaban el apoyo de los partidos catalanes nacionalistas o el grupo valenciano de Compromis, proponían dotar a los servicios públicos de transporte de la ciudad de Barcelona (1.620.343 habitantes, según el INE) con 149,3 millones de euros, frente a los 109,3 millones del año anterior, un incremento de 40 millones de euros, lo que porcentualmente supone un 36,6%.

Sin embargo, en el caso de la ciudad de Madrid (3.223.334 habitantes) su pretensión era congelar la dotación de 2018, algo más de 126,9 millones de euros, lo que de haberse aprobado hubiese supuesto que el Gobierno dotaría con 20 millones más al transporte de Barcelona que al de la capital del Estado.

Aunque el uso partidista de los fondos destinados a los servicios públicos de transporte urbano no son cosa de ahora. En los Presupuestos de 2018, presentados por el PP y aprobados por el PSOE, se incluyó a Valencia dentro del contrato programa lo que supuso que su dotación pasara de los 6,3 millones de 2017 a diez millones en 2018, un incremento del 37%. Además, Canarias, que se incluye en su conjunto, creció de 27,5 millones en 2017 a 47,5 millones en 2018, casi el doble.

No obstante, en el proyecto de 2019, el Gobierno optó por no aumentar los fondos de Valencia ni de Canarias, pero tampoco reducirlos. En este sentido, la aportación del Estado al transporte público de la ciudad de Valencia contrasta con ciudades similares, aunque con algo menos de población. Sevilla (688.717 habitantes) recibió el pasado año 6,26 millones y Zaragoza (666.880 habitantes) 7,14 millones. Primero, contrasta que la capital aragonesa recibiese más dinero que la andaluza a pesar de tener menos población, y segundo la fuerte distancia con Valencia.

Transporte público: financiación

La financiación del transporte público urbano en España difiere de la mayoría de los países europeos que cuentan con una ley que establece cómo y cuánto dinero recibirá cada ciudad, lo que permite a las empresas de autobuses y metros a tener claro del dinero que recibirán a largo plazo, lo que les permite hacer programas de inversión en material rodante.

Sin embargo, en España no existe dicha ley y la dotación para cada año depende de los presupuestos de ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado, responsables de financiar el transporte colectivo.

En la práctica, las empresas que prestan estos servicios están al albur de la voluntad de estas tres administraciones que cada año aportan unas cantidades variables en función de su disponibilidad de fondos o de cualquier otra circunstancia. Y, además, los fondos no se conocen hasta finales del año anterior, lo que impide hacer unos presupuestos realistas a las empresas de autobuses o metro.

Según denuncian en Atuc, el Estado contribuye tan solo con el 7% del total del coste de este servicio, lejos de los países del entorno. Existen dos sistemas muy diferenciados en el reparto del dinero del Gobierno central: el Contrato Programa, que actualmente ampara a las ciudades de Madrid, Barcelona, Canarias (en su conjunto) y, desde el pasado año, Valencia.

El contrato programa de 2018, y por tanto prorrogado para este 2019, contempla para estas ciudades 293 millones de euros (el PSOE quiso aumentarlo 40 millones destinados en exclusiva a Barcelona), y para repartir entre el resto de las ciudades españolas 51 millones que se financian a través del Fondo Común. Ambos programas se aprueban año a año en los Presupuestos Generales del Estado sin un criterio establecido.

En el reparto del Fondo Común se tiene en cuenta la longitud de la red, la demanda, los criterio ambientales y el déficit por billete (que pesa un 80%). En 2017, se repartió 43,4 millones de euros y en 2018, 51 millones, dinero que se ha repetido para este 2019 al estar prorrogados los Presupuestos Generales. Comparando los datos de 2017 y 2018, contrasta cómo han evolucionado los ingresos en unas ciudades frente a otras.

Aragón y Cataluña, beneficiadas

En el análisis realizado por Atuc, las poblaciones aragonesas incluidas en el Fondo Común fueron las más beneficiadas, al aumentar en conjunto un 25% gracias al tirón de Zaragoza que subió sus fondos para servicio público un 25,7% y de Huesca que aumenta un 84%.

Las ciudades catalanas (Barcelona queda fuera del Fondo Común) fueron las segundas al incrementar en conjunto su aportación del Estado un 19,92%, con Mataró a la cabeza (un aumento de fondos del 25,5%) y Girona a la cola (13,8%). La Región de Murcia fue la tercera comunidad en la que más aumentó la financiación, un 19,63% en conjunto, aunque Cartagena aumentó un 32% y Lorca redujo los fondos del Estado para su transporte un 13,7%.

La comunidad menos beneficiada fue el País Vasco, aunque en el estudio de Atuc solo aparece San Sebastían que creció un 9,16% y Baleares, que solo incluye Palma de Mallorca con una subida del 14,8%.

Pero las diferencias en las aportaciones del Fondo Común son disparatadas si se contempla por ciudades. Así, la que más se ha beneficiado ha sido Soria cuya financiación se incrementó en 2018 un 94%, en contraste con Lucena (Sevilla), con una caída del 66,6%.

Estabilidad y claridad

Situación insostenible en opinión del presidente de Atuc y responsable del transporte público de Málaga Miguel Ruíz Motáñez, que no entiende que los políticos no se decidan a dar el paso de aprobar una ley, como en otros países, que establezca las reglas de la financiación de los servicios de transporte público. Ruíz critica el borrador de Ley de Cambio Climático y la Agenda del Cambio, presentados por Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, por el papel que se dedica al transporte público y, sobre todo, porque no se concreta el tema financiero.

El presidente de Atuc insiste en que las empresas de transporte público no están pidiendo más dinero, sino un sistema predecible y estable que permita a las empresas que prestan este servicio poder hacer planes de inversión con varios años, como cualquier otra empresa.

A finales de la Legislatura anterior, Podemos presentó un borrador de iniciativa legislativa con una Ley de Financiación de los Servicios de Transporte Colectivo Urbano. Además, en conversaciones mantenidas antes de las Elecciones Generales que todos los partidos políticos (en Atuc recuerdan que los ayuntamientos españoles son de todos los colores políticos) les mostraron su apoyo para una ley de financiación del transporte público.

Sin embargo, los programas electorales no han reflejado esa voluntad. Salvo Ciudadanos, ninguno ha recogido en su ideario político la aprobación de esta ley, ni siquiera Unidas-Podemos a pesar de haber presentado el borrador de iniciativa legislativa.

Programas electorales

En el análisis realizado por Atuc de los programas de los grandes partidos, están son las opciones que plantan las distintas formaciones para el transporte público urbano:

"La patronal del transporte público, ATUC, lamenta el poco espacio que le han reservado al sistema los partidos políticos en sus distintos programas electorales, así como la nula atención que le han prestado en los diferentes debates, como demuestra el siguiente resumen, en el que se constata que únicamente Ciudadanos recoge el compromiso firme de elaborar una Ley de Financiación del Transporte Público Urbano Colectivo".

PSOE

El PSOE promete en su programa electoral que en la próxima legislatura el Ministerio de Fomento pasará a denominarse Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y que se priorizarán las inversiones en trenes de cercanías y se promoverán tarifas competitivas en el transporte de ferrocarril de media y larga distancia, con el objetivo de aumentar en un 30% el número de pasajeros en este medio de transporte en 2025.

Partido Popular

El PP promoverá en los municipios la sustitución de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones y promete auditar los núcleos de transporte público nacional de las grandes ciudades para mejorar, con el conjunto de administraciones responsables, la movilidad sostenible; con nuevas prestaciones y creando movilidad punto a punto (impulso del coche autónomo y vehículos sostenibles, aparcamientos gratuitos disuasorios, estacionamiento de bicicletas...).

Por otra parte, dentro del impulso de un Plan de Desarrollo de la España Rural para fomentar la actividad económica, la diversificación, la creación de empleo y el emprendimiento en las zonas con escasa población o en vías de despoblación, se compromete a desarrollar programas de transporte público, adecuados y adaptados a las necesidades del territorio, tales como el transporte a demanda.

Unidas Podemos

Desde Unidas Podemos aseguran que movilizando cada año un 2,5% del PIB de capital público y privado podrían reducirse las emisiones de CO2 a la mitad en una década y en un 90 % en 2040. En su programa proponen promover una movilidad urbana inteligente, de calidad y socialmente justa.

En coordinación con las diferentes Administraciones competentes, se llevarán a cabo los estudios, las actuaciones y las inversiones necesarias para maximizar la utilización del transporte público o bajo en emisiones. Además, se comprometen a potenciar el uso de vehículos eléctricos, bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo; así como a mejorar la frecuencia y las rutas de los servicios de movilidad pública, como el autobús, el tranvía o el metro, y a implementar medidas para ajustar el precio de los diferentes servicios al nivel de renta de las personas usuarias.

Asimismo, recogen la creación de una tarjeta única de transporte, gratuita para menores de 26 años y a un precio asequible para el conjunto de la población; el acceso gratuito a transportes colectivos de ámbitos urbano y metropolitano; el acceso universal al precio máximo de 1 euro por trayecto, sin perjuicio de planes especiales para el mundo rural, donde podrá tener un coste menor o incluso ser gratuito; el incremento de las frecuencias y líneas en los servicios de corta y media distancia (metro, cercanías/rodalies, regionales); y la mejora de su conexión con otros territorios (mallado regional frente al radial).

Por otra parte, el grupo morado se compromete a implementar medidas fiscales para avanzar hacia un horizonte verde. De hecho, tal como plantean en su propuesta de Ley de Lucha contra el Cambio Climático y de Transición Energética, proponen bajar el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; y reformar el IRPF para establecer desgravaciones por el uso de abonos de transporte público.

Ciudadanos

La organización de Rivera propone un Pacto de Estado por los Transportes y la Movilidad Sostenible con el que potenciar la Oficina Nacional de Evaluación para que todas las inversiones estén justificadas por criterios de rentabilidad socioeconómica y no electoralistas. Por otra parte, se compromete a impulsar la movilidad de proximidad y los corredores de transporte estratégicos, invirtiendo decididamente en la mejora de las redes de Cercanías y los ejes y corredores de la Red Transeuropea de Transportes, en especial los grandes ejes terrestres (Corredor Mediterráneo y Atlántico) y las Autopistas del Mar, favoreciendo la intermodalidad y la complementariedad.

Igualmente, promete renovar el parque móvil y el transporte público para que sea 100% sostenible, así como elaborar una Ley de Financiación del Transporte Público Urbano Colectivo para establecer un marco más justo y estable de financiación en los principales municipios del país.

Vox

Vox recoge en su programa un apoyo decidido a las familias numerosas y a la natalidad en general. Para ello, proponen crear cheques-servicio que subvencionen parte de las necesidades familiares como los libros escolares o el transporte público.