Madrid está preparado para ceder en la pugna con las autoridades de Bruselas sobre sus esfuerzos para bloquear la compra de la principal eléctrica española, Endesa, por parte de la alemana E.ON. El caso es interpretado como una prueba de la determinación de la Comisión Europea para romper las barreras a las fusiones transfronterizas y combatir el proteccionismo de los países miembros de la UE. El nuevo ministro de Industria, Joan Clos, dijo en Bruselas que Madrid acatará la decisión de la Comisión, que debe señalar si España incumplió la normativa de la UE al imponer condiciones a la oferta pública de adquisición de E.ON sobre Endesa. Fuentes cercanas a la operación dijeron que el Ejecutivo de la UE alegará que Madrid incumplió la legislación europea de mercado interno y competencia al fortalecer las atribuciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que impuso una serie de condiciones al acuerdo entre E.ON y Endesa.
La legislación europea es legislación española, no podemos ignorarla en absoluto. Además tiene derecho prevalente, prioritario y por lo tanto sería del género no inteligente, para decirlo suave, no atender los comentarios que hace la Comisión, dijo Clos en Bruselas a periodistas. Sin embargo, el ministro dijo que espera que la decisión de Bruselas deje cierto margen a la negociación legal sobre una 'acción de oro' para proteger los intereses de seguridad nacional. Las fuentes dijeron que la Comisión dictaminará en contra de España en dos frentes, emprendiendo acciones legales contra el decreto que fortaleció los poderes de la CNE y determinado que Madrid infringió la competencia exclusiva de la UE de regular fusiones transfronterizas. Probablemente, la Comisión justificará su decisión según el artículo 21, en virtud del cual España podría haber usurpado competencias reservadas a Bruselas al imponer condiciones a fusiones como la de Endesa y E.ON, dijo la fuente. Una decisión basada en este artículo conllevaría que España retirara formalmente las condiciones o que llevara a la Comisión a los tribunales. Si este fuera el caso, la decisión de la Comisión Europea tendría efecto hasta que el tribunal dictara sentencia. El Ministerio de Industria dijo el 13 de septiembre que había comunicado a Bruselas que muchas de las condiciones impuestas a E.ON podrían ser cambiadas, incluso los requerimientos de que se desprendiera de la gestión de centrales nucleares, las centrales que emplean carbón español y el suministro extrapeninsular.