Los ministros de Competitividad de la Unión Europea alcanzaron ayer un acuerdo político sobre la directiva de liberalización de los servicios sin ningún voto en contra y con la abstención de Lituania.
El texto definitivo mantiene las grandes líneas del compromiso alcanzado por la Eurocámara el pasado febrero, suavizando los aspectos más polémicos de la propuesta inicial de la Comisión, que provocó el rechazo de países como Francia, Alemania o Bélgica.
Finalmente, también los países de la ampliación, que reclamaban una mayor liberalización de los servicios, dejaron de lado sus reticencias y acabaron aceptando el compromiso final gracias a una contrapartida de última hora ofrecida por la presidencia austriaca.
Se trata de obligar a todos los Estados miembros a informar a la Comisión de todos los requisitos y autorizaciones que exija su legislación para la prestación de servicios, y a justificarlos. El Ejecutivo comunitario los transmitirá al resto de países de la UE y, además, elaborará un informe anual con "análisis y orientaciones" sobre esta cuestión.
El secretario de Estado de Asuntos Económicos, Alberto Navarro, explicó que esta especie de registro constituye el "contrapeso" que se ha ofrecido a los países de la ampliación para que acepten "renunciar" al principio del 'país de origen', presente en el texto inicial, y que permitía a las empresas que presten servicios en varios Estados miembros aplicar la legislación de su Estado miembro de residencia.
Navarro insistió en que los países que mantengan restricciones a la prestación de servicios no sólo tendrán que comunicarlas a Bruselas sino que además deberán probar que no son discriminatorias, están proporcionadas y responden al interés público. Este registro fue acogido con reservas por Francia y Alemania, aunque las acabaron levantando en aras del consenso.
Destacó que para España el acuerdo es "satisfactorio" porque el sector servicios es "muy importante" en el conjunto de la economía.
Añadió que los 20 años de pertenencia a la UE han demostrado que la apertura crea "más crecimiento y más empleo".
A su juicio, el texto definitivo ha conseguido un consenso "delicado" entre los países "más reticentes" a la liberalización, encabezados por Francia, y los que querían una mayor apertura de los mercados, como Países Bajos y todos los nuevos socios.
El compromiso final establece que el plazo para adaptar esta directiva a las legislaciones nacionales de los Veinticinco será de 3 años y no de 2 como estaba inicialmente previsto. Asimismo, se ha acordado excluir definitivamente a los notarios de su campo de aplicación.
El ministro de Asuntos Económicos austriaco y presidente de turno del Consejo, Martin Bartenstein, explicó que el acuerdo se aproxima tanto a la postura de la Eurocámara que no prevé "mayores problemas a la hora de adoptarlo". Asimismo, subrayó que incluye "suficientes redes de seguridad y salvaguardas" para no poner en peligro el modelo social europeo.
Por su parte, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, destacó que se trata de un "día magnífico para Europa" porque el acuerdo actuará como "acicate" para el crecimiento económico, ya que el sector servicios representa el 70% de la economía europea.
Consideró que la nueva directiva contribuirá a crear más de 600.000 puestos de trabajo, y mencionó un estudio realizado en Reino Unido según el cual la eliminación del principio de 'país de origen' sólo reducirá en un 10% el impacto positivo de la propuesta inicial.