Electricaribe la compró la antigua Unión Fenosa en el año 2000. En la actualidad presta servicio a más 2,5 millones de consumidores en los departamentos de la costa caribeña: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magadelena y Sucre. Desde siempre ha sufrido unos niveles de fraude e impago muy elevados, en buena medida porque en la región hay importantes bolsas de pobreza.

Las redes de la empresa, por otro lado, requieren inversiones para mejorar el servicio, que tiene el doble de interrupciones que el resto del país. A finales del año 2014, el Gobierno colombiano evaluó estas necesidades en unos 630 millones de euros, que debían pagar tanto la compañía como por el erario público, y bautizó el subsiguiente plan inversor como Plan5Caribe.

Los problemas se fueron solventando, mal que bien, hasta que este año llegó el fenómeno climático de La Niña, trayendo una sequía que redujo la producción hidroeléctrica y disparó el precio de la electricidad más del 35%.

Los entes públicos no pagan

El incremento de la luz multiplicó los casos de fraude e impago, incluso entre entidades públicas, como colegios, hospitales o servicios de gestión del agua potable, que la Ley protege del corte de suministro. Ante la imposibilidad de cobrar por sus servicios y la nula respuesta de las autoridades para solucionar el problema, Electricaribe empezó a reducir las inversiones en la mejora de las redes.

Esta reducción no pasó inadvertida por las autoridades colombianas, que incrementaron la presión sobre la empresa, a la que se acusó de desviar fondos públicos destinados a las redes. Poco a poco, la filial de Gas Natural Fenosa se fue convirtiendo en un chivo expiatorio perfecto para los representantes de una población descontenta por el encarecimiento de la luz y la mala calidad del servicio.

Así, en junio, ocho gobernadores y 16 alcaldes reclamaron la intervención de Electricaribe, y en agosto fue la Comisión encargada de Asuntos Económicos del Congreso la que lo hizo.

Viendo que las cosas no pintaban nada bien, en julio Gas Natural Fenosa (GNF) activó el Pacto bilateral de protección de inversiones de España y Colombia, que otorga seis meses para negociar entre las partes en conflicto y abre la puerta a que, si no hay acuerdo en ese plazo, se pueda apelar a una corte de arbitraje internacional.

Paralelamente, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó dos registros en las oficinas de Electricaribe para recabar información. Los resultados se dieron a conocer en octubre: los impagos en las zonas más pobres superaban el 90%, pero en conjunto, gracias a los subsidios del Gobierno, la firma sólo había dejado de percibir menos del 5% de la facturación total. Estos datos contrastan poderosamente con los de la empresa, que sólo este año denunciaba 150 millones en impagos y un acumulado de 1.260 millones.

Sea como fuere, la descapitalización de Electricaribe es un hecho, hasta el punto de que en noviembre ya no puede hacer frente a sus obligaciones de agente del sistema eléctrico y GNF tiene que pagar en su lugar para evitar los apagones.

La activación del Pacto protegía Electricaribe de determinadas actuaciones, pero no ha podido evitar la intervención para garantizar el suministro eléctrico.