Las negociaciones entre Argentina y Repsol comenzarán el próximo lunes con un escenario enrarecido. La diputada Elisa Carrió ha presentado una denuncia contra el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof; el presidente de YPF, Miguel Galuccio y el secretario legal, Carlos Zannini por unas presuntas irregularidades en la indemnización a Repsol de 5.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. El fiscal Ramiro González ha decidido investigar el contenido de la misma. Fitch mantiene el rating de Repsol y ve positivo el acuerdo sobre YPF.

Tal y como ya indicó elEconomista, el acuerdo entre las partes requerirá una modificación de la actual Ley de toma de control de YPF, puesto que en su artículo 12, al igual que en los estatutos de YPF, se prevé la fórmula de indemnizar a Repsol en caso de una expropiación.

Según las cuentas que en su momento realizó la petrolera española, con esta fórmula la cantidad a pagar por parte argentina ascendería a más de 10.000 millones de dólares, es decir, el doble de lo acordado en estos momentos.

Según la demanda de Carrió, desvelada por Infobae, el fiscal amplía una denuncia en manos del juez Ariel Lijo hecha en 2006 hecha por su cuenta y Fabiana Ríos, existe un preacuerdo por el cual el Estado indemnizará a Repsol "sin ajustarse a las prescripciones legales que deben ser observadas a los fines de determinar si corresponde el pago, y sin que se brinde información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se destinarán al pago del resarcimiento de una empresa cuya actuación se encuentra cuestionada".