El núcleo progubernamental enfrentado a Oughourlian tendrá que avalar cien millones si prospera su demanda contra Prisa

La guerra interna que sacude el seno de Prisa se ha intensificado hasta alcanzar una nueva dimensión, con la lucha por el control del grupo mediático dividiendo a sus accionistas en dos bandos bien definidos. Por un lado, los fieles al presidente del grupo, Joseph Oughourlian, que defienden con uñas y dientes la gestión y las decisiones tomadas en las últimas juntas. Por otro, el núcleo progubernamental, encabezado por Global Alconaba, dirigido por Andrés Varela Entrecanales y ahora apoyado por la influyente familia Polanco, que ha decidido dar la batalla legal contra las últimas decisiones del consejo de administración de Prisa.

La guerra se desató con la presentación de una demanda por parte de Global Alconaba, cuyo epicentro son las decisiones adoptadas el pasado 25 de marzo en el consejo de administración de Prisa. En particular, la impugnación se centra en la ampliación de capital acelerada por 40 millones de euros y en el acuerdo de refinanciación de la deuda, decisiones que, según los demandantes, ponen en peligro no solo la estabilidad financiera del grupo, sino también sus derechos como accionistas.

El enfrentamiento promete escalar aún más si el juez admite la demanda a trámite, ya que el plan de Oughourlian y su entorno legal es solicitar un aval millonario por parte de los demandantes. La cifra no es nada desdeñable: 100 millones de euros. Un aval que, de ser concedido, podría resultar crucial para salvaguardar el acuerdo de refinanciación de la deuda de la compañía, uno de los puntos más sensibles de la contienda. En caso de que los demandantes ganaran la demanda y el acuerdo de refinanciación cayera, Prisa contraatacaría con una demanda aún más contundente: 815 millones de euros, el valor total de la deuda de la compañía en la actualidad.

La clave de la disputa se encuentra en la ampliación de capital acelerada, una maniobra que ha dejado a los accionistas progubernamentales prácticamente diluidos en el capital de Prisa, de cara a la crucial junta de accionistas que se celebrará en junio. En dicha junta, se prevé un intento de relegar a Oughourlian y a su equipo de la gestión del grupo, lo que ha generado una tensión adicional en un contexto ya de por sí volátil. A lo que se suma el acuerdo de refinanciación de la deuda, un aspecto que parece ser la última línea de defensa del presidente de Prisa, ya que su permanencia en el cargo está vinculada a la continuidad de este acuerdo.

El pacto de refinanciación, que fue exigido por Pimco, el principal acreedor de Prisa, garantiza 500 millones de euros de deuda del grupo. Sin embargo, en el caso de que Oughourlian fuera cesado o dimitiera, el acuerdo de refinanciación se desplomaría, lo que causaría un perjuicio económico significativo para Prisa. De ahí que, en un intento por evitar el colapso, el equipo de Oughourlian haya decidido pedir al juez esos avales millonarios como forma de protección contra los posibles daños que pudieran derivarse de la demanda presentada por Global Alconaba.

La demanda de Global Alconaba, firmada por los abogados Rafael Suárez de Lezo Cruz-Conde y Juan Fernández Aguado, impugna específicamente la privación de los derechos preferentes de los accionistas en esta ampliación de capital, una acción que, según los demandantes, contraviene los derechos adquiridos en las ampliaciones anteriores de 2023 y 2024. Estos movimientos, que fueron realizados por un monto de 130 y 140 millones de euros respectivamente, habían sido aprobados con la participación de los accionistas.

La batalla judicial que se avecina podría marcar un antes y un después en la historia reciente de Prisa. Mientras los dos bandos se preparan para el enfrentamiento, el futuro del grupo mediático pende de un hilo. Con la amenaza de una demanda millonaria en el horizonte, tanto Oughourlian como los accionistas progubernamentales tendrán que maniobrar con extrema cautela, pues cada paso podría decidir el destino de Prisa, y tal vez, de la prensa y los medios de comunicación en España.