Del tibio 'mea culpa' de Juan Carlos I en la famosa carta a la inviolabilidad del Rey

El mea culpa de don Juan Carlos ha sabido a poco. Se esperaban unas palabras de más calado. Más espacio, más visibilidad y más huella. En el escrito que don Juan Carlos envió a don Felipe, y que Casa Real difundió el 7 de marzo, el emérito pasa por encima sus actos del pasado y de su "vida privada", con un tibio "lamento sinceramente".

Una disculpa que no ha tenido, ni de lejos, el impacto del histórico mensaje "lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir", que reconoció en abril de 2012. Un gesto inédito. Don Juan Carlos estaba recién operado en Madrid, tras su cacería en Botsuana, y reconocía delante de toda España su error.

Puestos a regresar a la carta, la parte que sigue llamando la atención es la de la residencia porque enciende un debate que lleva abierto meses y que se ha quedado enquistado en la retina. El rey emérito desliza en su misiva: "En 2019 te comuniqué mi voluntad de retirarme de la vida pública, y así lo seguiré haciendo. En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado para continuar disfrutando de la mayor privacidad posible". Apela a su vida privada con tres claras referencias, incluida la "residencia de carácter privado", por expreso deseo del propio ex jefe del Estado.

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Se han barajado desde los medios mútiples destinos, quedando descartado Patrimonio Nacional por razones obvias. Se barajó Portugal, la Granja, los Reales Alcázares de Sevilla, El Escorial... Incluso Zarzuela, "su casa", en palabras de la reina Sofía, que viajó a Abu Dabi a ver a Juan Carlos, según ha publicado Pilar Urbano en El Español.

Pese a la incógnita de cuál será la residencia de Juan Carlos I cuando visite España, en la misiva arroja luz sobre sus inmediatos planes futuro: no residirá en nuestro país, sino que vendrá de visita "con frecuencia". Un mensaje que ha verbalizado así: "Prefiero, por razones que pertenecen a mi ámbito privado y que solo a mí me afectan, continuar residiendo de forma permanente y estable en Abu Dabi, donde he encontrado tranquilidad, especialmente para este período de mi vida". Y añade: "Como es natural, volveré con frecuencia a España, a la que siempre llevo en el corazón, para visitar a la familia y amigos". Unos planes que muestran cierta autonomía en su capacidad de decisión, pero que están consensuados y pactados con Casa Real y con el acuse de recibo del Gobierno.

La parte en la que menciona a la Fiscalía General del Estado sobre las investigaciones de su fortuna opaca en el extranjero era una parte complicada. Porque en esa frase (una sola frase en toda la misiva) deja constancia de las "investigaciones" de las que ha sido objeto y que han sido archivadas. No hay que olvidar en este punto las regularizaciones a Hacienda que llevó a cabo el emérito en 2020 y 2021 (por más de 678.000 y por 4,4 millones); y tampoco, la inviolabilidad que de la que ha gozado hasta su abdicación, en 2014.

La inviolabilidad del Rey

Este punto, la inviolabilidad del Rey, es un asunto que han puesto en tela de juicio algunos juristas por la excepcionabilidad que supone que una persona sea injusticiable. Así lo recoge la Constitución, en el Título II, De la Corona. Artículo 56, 3: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2". A su vez, el artículo 64 dice así: "Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso".

La idea de renovación de la institución monárquica es una opción que ya deslizó el propio presidente Pedro Sánchez: "El Rey quiere una monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI."

Sugiere Pilar Urbano que sea el propio Felipe VI el que se "adelante" al ritmo del Gobierno, "que pidiera despojarse de ese privilegio", sobre todo "en lo que afectase a sus actuaciones privadas". Añade entonces que "al ser justiciable, ya no sería inviolable" y, como cualquier ciudadano, pasaría a estar sometido a la justicia.