Isabel Pantoja envía un comunicado para defenderse de las polémicas informaciones sobre la venta de 'Mi Gitana'

Isabel Pantoja ha enviado un comunicado a través de sus abogados para responder a las informaciones que han circulado sobre la venta de Mi Gitana. Se trata de la casa que la folclórica compartió con Julián Muñoz en Marbella y que vendió durante su época en prisión.

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Su equipo legal ha señalado que Pantoja "no tuvo ni pudo tener participación" en la venta del chalet "dado que en esa fecha se encontraba cumpliendo una pena de prisión". En aquel momento, le cedió sus poderes a Agustín Pantoja, su hermano. 

"Actualmente ni Isabel Pantoja Martín ni Panriver 56 SL tienen acusación de delito alguno estando pendiente de resolver judicialmente el archivo y sobreseimiento pedido por esta parte. Panriver 56 SL (una de sus sociedades) vendió dicha finca pagando todas y cada una de las deudas que pesaban sobre dicha finca". Han explicado que "el precio de venta íntegramente se destinó a pago de la hipoteca, cargas y gastos de la compraventa".

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Mediante el comunicado, ha desmentido algunas informaciones que rondan sobre esta operación: "Son falsas las manifestaciones sobre paraíso fiscal donde se acusa a mi representada de tener fondos de la venta, la cual es pública notarialmente y registrada a efectos fiscales en Agencia Tributaria y Hacienda Local de Marbella".

Hay que recordar que la cantante de Marinero de luces compró este chalet de 800 metros cuadrados en 2004. Allí vivió hasta 2007, un año después del ingreso en prisión de Julián Muñoz por el caso Malaya. La propiedad se vendió en marzo de 2015, mientras ella cumplía condena en la prisión de Alcalá de Guadaira, por un precio de dos millones de euros aproximadamente.

Las informaciones que ha desmentido la cantante salieron a la luz hace unas semana en Ok Diario, donde informaron que tendría una imputación por presunta estafa. Aseguraron además que la tonadillera declaró por videoconferencia desde Chiclana en diciembre de 2018 ante el titular del juzgado número 3 de Marbella y que en julio del año pasado solicitó el archivo de la querella.