Los Franco comienzan este lunes la batalla por el Pazo de Meirás en un juicio que consideran político

Carmen Martínez Bordiú y sus hermanos afrontan desde este lunes el juicio del Pazo de Meirás, que comienza con la declaración de siete testigos. Para la familia, todo tiene un "transfondo político", según ha declarado su abogado, Luis Felipe Utrera Molina, hijo e un ministro de Granco y cuñado de Alberto Ruiz Gallardón. 

El letrado que representa los intereses de la familia Franco ha considerado que detrás del juicio del Pazo de Meirás, que ahora empieza hay "un transfondo político".

"Lo que se defiende es una propiedad de un inmueble, esperamos que no haya ninguna implicación de tipo político porque es de naturaleza civil", ha insistido.

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Así, ha recalcado que, para esta parte, "lo que realmente se trata es la discusión de la propiedad de un inmueble que tanto el Estado como el resto de las instituciones que están personadas abandonaron por completo en el año 75 y solo se acordaron de ello 44 años después".

"No se acordaron cuándo se destruyó, no se acordaron cuándo se incendió, cuándo hubo que reconstruirlo y se acuerdan ahora", ha apostillado.

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De cara a la vista, que está previsto que se prolongue hasta el viernes, ha dicho que su objetivo es "defender el derecho de propiedad" de la familia Franco sobre el pazo ubicado en el municipio de Sada.

"Son los legítimos propietarios que han estado manteniendo y pagando todos los impuestos del pazo durante los ultimos 45 años", ha sostenido frente a los argumentos del Abogacía del Estado, que presentó la demanda, y de las demás partes intervinientes que se suman a la misma: la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación coruñesa.

Y es que el debate jurídico, tras una vista previa celebrada en enero y sin posibilidad de acuerdo entre las partes, se prevé que se centre en los calificados por las partes como "hechos controvertidos", en particular la escritura del año 1941 del inmueble. Para la Abogacía del Estado se trata de una escritura "simulada", frente a la "legalidad" de la misma que defiende la familia Franco.

Las administraciones personadas sostienen que la familia del dictador obtuvo el inmueble como resultado de un proceso "coactivo", que el pazo se mantenía con fondos públicos, entre ellos los del Estado que asumía la gestión del pazo como residencia oficial y que había ayuntamientos que colaboraban en su mantenimiento o que pagaron, como el de Ferrol, el pago de impuestos de bienes e inmuebles hasta mediados de los años setenta.

En esta primera sesión del juicio, en la que como demandadas se han personado seis personas de la familia Franco y una sociedad mercantil, está previsto que declaren este lunes el guardia hortelano en el Pazo de Meirás hasta 1990; vecinos de Meirás; un funcionario del Ayuntamiento de A Coruña y el secretario particular de Carmen Polo Martínez-Valdés y de Carmen Franco Polo, tras el fallecimiento de Francisco Franco.

También lo harán el que fue alcalde de Sada desde 1979 hasta 2007, Ramón Rodríguez Ares y un amigo de la familia Martínez Bordiú Franco y suegro de una de las demandadas, persona que asumió labores de gestión en relación con la rehabilitación del inmueble tras su incendio y parcial destrucción en 1978.

La postura de la primogénita del marqués de Villaverde y de Carmen Franco, duquesa de Franco, siempre ha tenido claro que su familia no tendrá que abandonarlo ni tampoco desprenderse de ninguno de los beneficios que otorga poseer una de las fincas más importantes de Galicia. "No tiene ningún sentido que aseguren que todo va a cambiar y que van a gestionar las visitas, porque no tienen legitimidad. La ley deja claro que la propiedad del pazo es nuestra y así va a seguir siendo. En cualquier caso, tendrían que hablar con nosotros y proponérnoslo". Así de tajante mostrado Carmen Martínez Bordiú (68) sobre la titularidad del inmueble. Pero ahora todo puede cambiar y el Pazo de Meirás podría pasar a ser patrimonio público y que los turistas pudieran visitarlo de forma permanente.

Según la familia de Franco, todo el trasfondo es político, y no legal. Además, añadía Carmen que ello no van a ceder nunca ni a la presión mediática ni social.

Martínez Bordiú y su familia seguirán siendo administradores y tesoreros del pazo mientras un juez no dictamine lo contrario."Las escrituras están a nombre de los Franco, es una propiedad privada y, por tanto, cualquier gestión o trámite les corresponde a ellos. Nadie puede hacer nada, a pesar de que el conselleiro haya demostrado su descontento", dicen fuentes oficiales del gobierno gallego. Y añaden: "Se hacen las investigaciones y controles regulares para comprobar que se cumple con la legislación vigente".

Por su parte, un portavoz de la fundación Francisco Franco, encargada de conservar históricamente la finca, defiende esta administración por parte de la familia: "Es una propiedad privada y, como tal, corresponde a esta fundación responder ante todas las obligaciones y privilegios de la misma", añaden.