El misterio de Alfonso Merlos: ¿Hay un "topo" en el Colegio de Abogados?
Jesús Manjón
Este miércoles salió a la luz la noticia del cese de Alfonso Merlos por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), donde trabaja desde 2018 con un sueldo de 180.000 euros al año. Un día después de la publicación de la información, el decano del ICAM, José María Alonso, gran amigo y valedor del periodista, ha negado que haya sido cesado por ahora.
"Si el Colegio ha cesado al señor Alfonso Merlos, a fecha de hoy no se le ha cesado ni se ha iniciado ningún tipo de negociación", ha declarado el decano a La Vanguardia. Alonso fue quien nombró a Merlos director de Comunicación del ICAM y está a favor de mantenerlo en su puesto. Ambos mantienen una gran relación, dado que el murciano fue asesor suyo durante las últimas elecciones de 2018 que le llevaron al decanato.
Lea también - Juicio a Alfonso Merlos en el Colegio de Abogados de Madrid: rebajan su sueldo y le prohíben aparecer en televisión
Fuentes cercanas a Alonso explican a Informalia que el puesto del novio de Alexia Rivas continúa en el aire. Los miembros de la Junta del ICAM siguen debatiendo a día de hoy la continuidad o no de Merlos, cuya imagen está en entredicho desde que fue pillado en su propia casa siendo infiel a su entonces pareja, Marta López, con la joven reportera de Socialité.
El decano José María Alonso ha desvelado también que creen que hay un topo entre los miembros del ICAM: "Lamentablemente, a lo largo de nuestro mandato se han producido muchas filtraciones. Estamos investigando el origen, aunque creemos que lo tenemos bastante localizado", ha declarado.
Así las cosas, Merlos continúa siendo jefe de prensa del ICAM y, por el momento, mantiene su sueldo de cerca de 180.000 euros, un salario que ha levantado una gran polémica. La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) denunció a finales de abril los escasos datos que existían sobre la contratación del exnovio de Marta López, que fue realizada a través de la sociedad de este, Trocadero Comunicación S.L., lo que obligó a la Junta de Gobierno a publicar su contrato.