El 'caso escolta' de Irene Montero se complica: la contratación de la mujer era ilegal y lo sabían

Irene Montero, demandada por su escolta hace unos días por un "trato discriminatorio", entre otras cosas, afronta este lunes un nuevo problema: la situación laboral de esta mujer no era legal y la mujer de Pablo Iglesias lo sabía.

El jefe de seguridad de Podemos en 2016, Sergio Illanes, advirtió a la directiva de Unidas Podemos de que la situación laboral de su escolta era ilegal a través de un mail que este lunes ha hecho público Ok Diario. En el documento, Illanes explica que dos de los escoltas contratados por el partido morado (una de ellas la de Irene Montero) están en situación de "clara ilegalidad" al haber sido contratados en el área de Logística y Transporte y desempeñar labores para las que no están titulados ni preparados. Illanes afirma que esta situación coloca a estos trabajadores en una situación de "vulnerabilidad" de la que hace responsables a sus contratantes, con los que, según el escrito, había tratado de ponerse en contacto en varias ocasiones sin obtener respuesta.

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Así pues, la escolta que ha demandado a Irene Montero fue contratada como Ayudante no titulado del Área de Logística del partido pero obligada, tal y como asegura ella en la demanda que ha interpuesto contra la segunda de Podemos, a desempeñar labores de "escolta personal en exclusiva de Pablo Iglesias tanto de la agenda oficial como de la personal". Entre las pruebas que lo acreditan, su contrato laboral, el mail de Illanes y fotografías que la sitúan en lugares públicos ejerciendo la labor de escolta de Pablo Iglesias.

Más tarde, la trabajadora consiguió la acreditación y titulación necesaria, pero su situación no mejoró, pues la cúpula de Podemos mantuvo su contratación directa en los mismos términos en contra de la normativa del sector, que exige que los escoltas y los profesionales de la seguridad privada presten servicio a través de las empresas especialistas habilitadas y autorizadas por el Ministerio del Interior. Por este motivo, la Unidad Central de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid ha iniciado una investigación que podría tener consecuencias muy serias para el partido.